Dos de cada diez comunidades indígenas reclaman tierras en la provincia de Buenos Aires

En Los Toldos vive la población mapuche más grande de la provincia de Buenos Aires. Son 1370 familias que hace por lo menos una década empezaron a militar su identidad indígena con mayor fortaleza. Las unen raíces comunes y su cultura ancestral. Pero también pelean por la restitución de 4000 hectáreas de las que afirman haber sido despojadas en el último siglo por engaños o ventas efectuadas a precios irrisorios.

El caso de Los Toldos es emblemático. Hace 151 años, el entonces presidente Bartolomé Mitre les otorgó por ley a los mapuches 16.408 hectáreas, y hoy conservan 1000. Sin embargo, la demanda no es un caso aislado, ya que otras 17 comunidades indígenas de la provincia iniciaron gestiones o juicios para que el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, les restituya tierras, les dé predios como parte de una reparación histórica o les permita conservar sitios donde encontraron restos arqueológicos, tal como da cuenta un informe de Amnistía Internacional.

También hay demandas de tobas, qoms, kollas, mocovíes y guaraníes. Cada comunidad pelea por espacios que van de una a 4000 hectáreas. Hay reclamos en General Viamonte, Olavarría, Azul, José C. Paz, Moreno, Glew, Berisso, Tigre y La Plata.

El Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI), dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, registra 91 comunidades en la provincia. Es decir que dos de cada 10 agrupaciones demanda tierras. Lo fundamentan en el derecho consagrado en el artículo 75 de la Constitución, que llama a garantizar "la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano". Y en el convenio 169 de la OIT, que establece que "deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir la causas que motivaron su traslado" y que se "deberá indemnizar plenamente a las personas trasladadas y reubicadas".

Estos reclamos adquirieron mayor visibilidad en los últimos dos meses por el caso de Santiago Maldonado , que, además de su desaparición el 1º de agosto en una protesta mapuche, puso la lupa sobre la ley 26.160, que en 2006 declaró la emergencia en la posesión y propiedad de las tierras ocupadas por comunidades indígenas y mantiene suspendidos los desalojos hasta que se haga un relevamiento técnico, jurídico y catastral de esos predios. Esa ley perderá vigencia el 23 del mes próximo, pero su prórroga por cuatro años obtuvo un voto favorable en el Senado.

Ese estudio no se completó. En Buenos Aires se relevó el territorio de 24 comunidades indígenas, según informó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

En la provincia, el resorte de las demandas es principalmente el CPAI, que articula posibles soluciones con el INAI y los municipios. "Hay una demora de 200 años en encontrar respuestas", reconoce Mishkila Rojas, secretaria ejecutiva del CPAI. Para la funcionaria, "el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra es indiscutible" y es un deber del Estado "regular la entrega de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano". Y aunque prefirió no detallar casos puntuales, afirmó que en la provincia trabajan "para adecuar esa respuesta a las demandas existentes".

Los datos del último censo permiten entender la situación. En el interior de la provincia viven 112.671 personas que se reconocen como descendientes o miembros de comunidades indígenas. De ellas, y pese a que sus antepasados se dedicaron a la agricultura y la ganadería, el 93% vive en áreas urbanas. Mientras que la población indígena radicada en el Gran Buenos Aires es de 186.640 personas, lo que a su vez expone lo que varios expertos consideran una expulsión forzada de sus sitios de origen. De ellos, el 99,8% vive en zonas urbanas.

En las afueras de La Plata vive la comunidad guaraní Iwi Imemby. Su historia es representativa de familias indígenas que habitan el conurbano. Son 50 personas que llegaron hace 14 años al barrio El Peligro tras ser desalojadas de un campo en Orán, en Salta.

Gumersindo Segundo es el consejero de la comunidad. Cuenta que deben cuatro meses de alquiler de las cuatro hectáreas que rentan y temen terminar en una villa. "Nuestros antepasados fueron despojados de sus tierras por latifundistas. No sabían leer, no conocían de leyes. Cuando ocupamos el predio en Orán, pensamos que era del Estado, no de un ingenio azucarero. Queremos una reparación histórica", afirma. En abril, su comunidad presentó una demanda judicial, aún en curso, para que el Estado les dé un campo de 150 hectáreas donde vivir, cultivar y reproducir su cosmovisión.