Jueves 18 de abril de 2024

— 09.05.2017 —

Rechazo del Municipio al “2x1” para delitos de lesa humanidad

El Gobierno de la ciudad, a través del Centro Municipal de Difusión de los Derechos Humanos, manifiesta en forma contundente su rechazo al reciente fallo de la Corte. 


Fuente: Dirección de Comunicación Pública - Municipalidad de Santo Tomé

El Gobierno de Santo Tomé, a través de su Centro Municipal de Difusión de los Derechos Humanos, manifiesta en forma contundente su rechazo al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el cual resolvió aplicar el cómputo conocido como “2x1” en el caso de Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad.

La mencionada sentencia declara aplicable la ley 24.390 que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy derogada, abriendo una puerta para que dicho beneficio que reduce la pena de prisión se extienda también a un grandísimo número de genocidas condenado. 

Esta decisión del máximo tribunal desconoce la correcta aplicación e interpretación de normas nacionales vigentes y en sintonía con compromisos asumidos por el Estado Argentino en instrumentos internacionales de derechos humanos de raigambre constitucional, como así también estándares de interpretación señalados en forma clara por distintos tribunales internacionales.

El fallo, además, implica un apartamiento preocupante de una doctrina consolidada en el sistema interamericano de Derechos Humanos –y hasta hace poco tiempo adoptada por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación– en orden a impedir que la aplicación e interpretación de normas locales puedan afectar el deber inexcusable de los Estados de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a derechos humanos, o bien que ellas puedan llegar a reconocer beneficios a condenados por tan aberrantes crímenes.

Por todo lo expuesto, el Gobierno de Santo Tomé ratifica una vez más su compromiso irrenunciable de apoyo a la búsqueda de verdad y justicia, respetando los valores de la democracia y los principios constitucionales y convencionales vigentes que resguardan el Estado de Derecho.

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