El Reino Unido publicó una guía para proteger a empresas de las sanciones de Argentina por Malvinas

El Reino Unido publicó este martes una guía oficial para empresas que realizan actividades económicas en las Islas Malvinas, en una respuesta directa a las sanciones y advertencias que el Gobierno argentino impulsó en las últimas semanas. El documento sostiene que la legislación argentina no tiene aplicación en el archipiélago y busca brindar respaldo a compañías que puedan verse alcanzadas por las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei.

La guía, difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) bajo el título “Hacer negocios con las Islas Falkland”, sostiene que la Argentina no tiene jurisdicción sobre las empresas o personas que desarrollan actividades económicas en las islas. “Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland (SIC)”, afirma el documento elaborado por el gobierno británico.

El texto también plantea que no existe fundamento legal para que tribunales de países ajenos a la Argentina ejerzan jurisdicción sobre las medidas que pueda adoptar Buenos Aires contra empresas vinculadas con actividades en el archipiélago. Como antecedente, el Reino Unido menciona sanciones aplicadas por distintos gobiernos argentinos en el pasado y sostiene que, pese a esas medidas, la economía de las islas continuó desarrollándose.

La publicación se conoció 11 días después de la cadena nacional en la que Milei anunció un proyecto de ley de “defensa de la soberanía nacional” que el Ejecutivo pretende enviar al Congreso. La iniciativa contempla sanciones económicas más severas para empresas que realicen actividades vinculadas con la explotación de petróleo en aguas que la Argentina considera bajo su jurisdicción y apunta especialmente a compañías que operan en las Islas Malvinas.

Durante aquel anuncio, el Presidente señaló al proyecto Sea Lion, un yacimiento de petróleo ubicado en aguas profundas a unos 220 kilómetros al norte de las islas, como “un peligro claro e inmediato” para los intereses argentinos. La explotación está a cargo del consorcio Rockhopper-Navitas, que prevé comenzar la extracción en 2028 con un proyecto que contempla producir inicialmente unos 170 millones de barriles de petróleo.

La iniciativa legislativa impulsada por el Gobierno argentino incluiría penalidades para proveedores, accionistas y directores de las empresas involucradas y podría impedirles operar o celebrar contratos en territorio argentino. Frente al anuncio, Rockhopper afirmó que no espera que las medidas tengan un “efecto material” sobre el desarrollo del proyecto.

En paralelo, la guía británica reafirma la posición del Reino Unido respecto de la soberanía y sostiene que no discutirá el estatus de las islas a menos que los propios isleños quieran hacerlo. Londres mantiene esa postura desde que administra el archipiélago desde 1833, con la excepción del período correspondiente al conflicto armado de 1982.

El documento también vincula esa posición con el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas, que, según el gobierno británico, comprende la posibilidad de explotar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos. Esa actividad, agrega, se desarrolla bajo la regulación del Gobierno de las Islas Malvinas y en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

La guía establece además tres líneas de acción para las empresas que puedan verse afectadas por las medidas argentinas. En primer lugar, señala que las actividades desarrolladas de acuerdo con las leyes de las islas son consideradas plenamente legítimas por el Reino Unido y que los tribunales de terceros países no tendrían base para ejecutar las medidas adoptadas por Buenos Aires.

En segundo término, el gobierno británico recomienda que las compañías o personas que reciban comunicaciones o amenazas de acciones legales por parte de autoridades argentinas busquen asesoramiento jurídico independiente, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso.

Por último, Londres ofrece intervenir directamente en defensa de las empresas que desarrollen actividades consideradas legítimas en las islas. El FCDO señaló que, si una compañía, subsidiaria o proveedor enfrenta presiones en un tercer país como consecuencia de sus operaciones en Malvinas, el gobierno británico está dispuesto a hacer valer ante esa empresa su posición respecto de las medidas argentinas.