Rediseño del Poder Judicial: la Convención aprobó los cambios y otorgó dos años de plazo para su implementación

Con una serie de votaciones clave, la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe aprobó esta semana un profundo rediseño del Poder Judicial provincial, que incluye la ampliación de la Corte Suprema, la creación de órganos específicos para la selección y enjuiciamiento de magistrados, y la incorporación con rango constitucional del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

Durante la novena sesión plenaria, se aprobaron reformas a artículos existentes y la inclusión de nuevos institutos que establecen, entre otras medidas, que la Corte Suprema estará compuesta por siete miembros con representación territorial y de género, y que el Ministerio Público funcionará dividido en dos órganos: el de la Acusación y el de la Defensa Pública.

Las modificaciones también crean un Consejo de Selección de carácter técnico para elegir jueces, fiscales y defensores, y un Jurado de Enjuiciamiento que podrá actuar sobre magistrados no pasibles de juicio político. Asimismo, se definió la competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema para resolver conflictos de poderes en el ámbito municipal.

El conjunto de reformas fue votado en siete oportunidades en general y veintinueve en particular. Los artículos referidos al funcionamiento de la Corte obtuvieron 49 votos positivos y 19 negativos. La incorporación de la Defensoría del Pueblo, que hasta ahora funcionaba mediante ley desde 1990, fue aprobada por 47 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones.

Dos años para reglamentar la nueva Justicia

Uno de los aspectos más relevantes fue la aprobación de quince cláusulas transitorias, que establecen un plazo de dos años para que la Legislatura provincial dicte las leyes necesarias para implementar el nuevo esquema judicial. Hasta entonces, continuará vigente la normativa actual, a fin de evitar vacíos legales.

Entre las disposiciones transitorias, se establece que el actual Procurador General pasará automáticamente a ejercer el nuevo rol y completará su mandato bajo la nueva denominación. Los futuros procuradores deberán contar con acuerdo legislativo y ejercerán por cinco años.

Asimismo, se aclaró que los fiscales extrapenales pasarán a denominarse procuradores, y que el Consejo de Selección funcionará bajo las normas actuales hasta que se sancione su reglamentación definitiva.

También se preservan los derechos adquiridos de los trabajadores judiciales que pasarán a desempeñarse en organismos extrapoder como el Ministerio Público de la Defensa. Sus condiciones salariales, categorías y ubicación no se verán afectadas, aunque podrían ser reasignados a nuevas tareas dentro de sus rangos, según el oficialismo.

Posturas políticas

Lisandro Enrico (Unidos), presidente de la Comisión de Poder Judicial, defendió la reforma como un paso hacia “una mayor independencia de la justicia”. Desde Más para Santa Fe, Diego Giuliano destacó que “es un paso adelante” y Jaquelina Balangione valoró la autonomía que gana el Ministerio Público de la Acusación.

Desde la oposición, María Victoria Capocetti (Activemos) criticó que se haya “rediseñado el Poder Judicial con objetivos políticos” y Silvia Malfesi (Somos Vida y Libertad) denunció que “se entierra la división de poderes”. Froilán Ravena (La Libertad Avanza) cuestionó la rigidez del número de miembros de la Corte y la supuesta falta de consenso real. En tanto, Lionella Cattalini (Unidos) defendió el nuevo diseño institucional y explicó las cláusulas transitorias en detalle.

Jura de la nueva Constitución

Finalmente, la Convención estableció que el viernes 12 de septiembre a las 17 se realizará la jura de la nueva Constitución santafesina, cerrando así el proceso de reforma. Durante la última sesión, también se designó como presidente honorario al convencional Danilo Kilibarda, propuesto por el bloque Activemos.