Internacionales — 08.04.2019 —
Campesinos colombianos se reunirán con el presidente Duque tras un mes de protestas
El viernes pasado se alcanzó un acuerdo entre los manifestantes y el Gobierno que supone una inversión de 263 millones de dólares en el Departamento de Cauca.
Fuente: RT en Español
Este martes el presidente de Colombia, Iván Duque, viajará al Departamento de Cauca para reunirse con la Minga Social del suroccidente del país. Este espacio que nuclea a campesinos, indígenas y afrodescendientes llevó adelante un conflicto de 27 días en los que, la mayor parte del tiempo, bloquearon la carretera Panamericana.
Exigían centralmente un cambio en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) impulsado por el Gobierno. Finalmente, el pasado viernes se alcanzó un acuerdo luego de varias semanas de negociación y las autoridades invertirán 823.148 millones de pesos colombianos (263 millones de dólares) en la región.
Según el portal Colombia Informa, esa suma se destinará a viviendas, proyectos productivos, acceso a la tierra, educación, protección a lideres y lideresas sociales, cultura, deporte y salud.
"La victoria de la Minga frente al Gobierno Nacional se dio gracias a la capacidad de unidad, organización y confrontación de los pueblos indígenas", declaró Guido Alban Rivera, vocero del Coordinador Nacional Agrario (CNA), integrante de la Minga Social. "Nos apoyamos entre pueblos y por eso nadie se levantó de la mesa hasta que todas las peticiones fueran atendidas", agregó.
La referencia es a la mesa de negociación que, de parte del Ejecutivo, encabezó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
La protesta
Los reclamos comenzaron porque desde la Minga se considera que el PND 2018-2022 es "contrario a la cosmovisión de los pueblos indígenas". En ese sentido, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) había difundido un comunicado explicando que esta iniciativa fue elaborada sin acuerdo con los indígenas de esa zona colombiana, "vulnerando el derecho fundamental al consentimiento previo, libre e informado".
De igual manera, expresaban la existencia de un "alto riesgo de desaparición" debido a que su integridad y derechos no estaban siendo protegidos.
En esa sintonía cuestionaron que la iniciativa implicaría la "profundización de las desigualdades sociales, el extractivismo y se perfeccionan asuntos incompletos de los anteriores gobiernos, como por ejemplo mercados de capitales, financiarización de tierras y recursos minero-energéticos, exploración y explotación de yacimientos no convencionales".
