Dos resoluciones judiciales podrían cambiar el caso Maldonado

El juez federal de Esquel, Guido Otranto, atraviesa varios frentes en simultáneo. Tiene a su cargo la búsqueda de Santiago Maldonado, mira de reojo el expediente por la desaparición forzada del joven de 28 años que lleva la Fiscalía, y recibe críticas de la familia y del gobierno de Mauricio Macri por su actuación. Ahora suma uno más: espera las definiciones de dos cámaras federales.

Por un lado, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia -el tribunal superior de Otranto- debe resolver un pedido de la familia Maldonado para apartar al juez. Y por otro, la Cámara Federal porteña tiene que decidir si en Esquel se debe investigar una denuncia contra funcionarios del gobierno nacional por presunto encubrimiento en la desaparición.

Ambas decisiones, que se espera que se comiencen a definir a partir de la semana que viene, podrían cambiar el curso de la investigación por la desaparición de Maldonado.

Santiago Maldonado despareció el 1 de agosto pasado después de que Gendarmería Nacional desalojó un corte en la ruta nacional 40 de integrantes de la comunidad mapuche del Pu Lof Resistencia-Cushamen que reclamaban por la libertad de su líder, Facundo Jones Huala. Nada se supo de Maldonado después del operativo. 

Desde entonces la búsqueda del joven atravesó varias hipótesis, muchas de ellas descartadas o relativizadas. Ahora el juez Otranto rastrilla el río Chubut y ayer hizo un procedimiento en la comunidad mapuche.

La querella que representa a la familia de Maldonado, a cargo de la abogada Verónica Heredia, recusó a Otranto por temor de parcialidad y por la falta de avances en la búsqueda. Señalaron que el magistrado no investiga ni a la Gendarmería Nacional ni quiere determinar cuál fue el rol de Pablo Noceti, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, en los hechos.

Otranto contestó el viernes pasado que la única causa a su cargo es la búsqueda de Maldonado y que ninguno de los cuestionamientos de la querella se vincula con la causa. La desaparición forzada está a cargo de la fiscal federal Silvina Ávila. Así, rechazó la recusación y la elevó a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia a donde llegó el mismo día.

El presidente de la Cámara, Javier Leal de Ibarra, fijó para el próximo jueves a las 10:45 una audiencia con la querella. Allí la abogada Heredia podrá exponer oralmente los argumentos de la recusación. Inclusive, podrá sumar nuevos hechos.

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, ayer fue muy duro con Otranto por ordenar un procedimiento dentro de la comunidad mapuche. "Es una payasada. Salió a decir que mi hermano se había ahogado en el río. Son inapropiadas las declaraciones. El temor mío es que vayan y tiren a mi hermano ahí adentro e inventen otra cosa. El juez es un delincuente, tiene que estar preso", dijo el hermano en declaraciones periodísticas.

La recusación la tienen que resolver los jueces Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman. Después de la audiencia tienen 48 horas para hacerlo, según establece el Código Procesal Penal de la Nación. Si la rechazan, Otranto seguirá siendo el juez de la causa.

Pero si aceptan el apartamiento de Otranto el expediente cambiará de juez. El caso pasará a Hugo Sastre, titular del juzgado federal de Rawson.

Si eso ocurre, el caso tendrá un cimbronazo: no volverá a foja cero pero el nuevo magistrado que intervenga podrá reanalizar las decisiones tomadas y la prueba que hay en el expediente, plantear nuevas hipótesis o profundizar otras e inclusive darle un nuevo rumbo a la investigación. Darle su propia impronta.

Los tres jueces de la Cámara de Comodoro Rivadavia serán los que revisen todo lo que se haga en la investigación del caso.

Otranto también espera otra decisión de la Cámara Federal porteña, un tribunal que conoce bien. Fue secretario de la Sala II antes de asumir como juez en Esquel.

La Cámara tiene que decidir donde tramitará una denuncia para investigar si funcionarios del gobierno nacional encubrieron la desaparición de Maldonado.

La denuncia la presentaron la "Liga Argentina por los Derechos del Hombre" y el "Instituto Arturo E. Sampay" contra Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; los ministros Germán Garavano (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad); el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj; el director de Gendarmería Nacional, Gerardo Otero; y comandantes de esa fuerza.

El caso le tocó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que se declaró incompetente para intervenir y dijo que debía pasar a Otranto. El magistrado entendió que la desaparición forzada y el encubrimiento no pueden separarse y deben investigarse en una misma causa.

El fiscal Federal Delgado apeló esa decisión por considerarla "prematura" y "sin ninguna investigación previa ni indagación completa de los hechos". El juez aceptó la apelación del fiscal y también otra de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre para que la Cámara analice su pedido de ser querellante en la causa y que el magistrado rechazó.

El caso llegó hoy a la Sala I de la Cámara, integrada por los jueces Lepoldo Bruglia y Jorge Ballestero, quienes deberán citar a una audiencia. Allí el fiscal de la Cámara, Germán Moldes, deberá sostener la apelación. Si eso no ocurre, el caso se cae y pasa directamente a la justicia de Esquel.

Pero si Moldes mantiene la postura de Delgado el tribunal deberá resolver si va a Otranto o se queda en Comodoro Py.

La decisión también será clave para el juez de Esquel. Mientras busca a Maldonado también podría tener una causa contra funcionarios nacionales cuando la familia del desaparecido lo objetó por no investigar a Gendarmería -una fuerza que depende del gobierno nacional- y a Noceti, integrante del Ministerio de Seguridad.

Algunos de esos funcionarios lo han criticado. "El juez entorpeció la investigación y dificultó la misma", dijo el viernes pasado el viceministro de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco.

Si la causa le llega a Otranto, el juez tiene dos opciones. La primera es aceptarla y derivársela a la fiscal Ávila, quien tiene a su cargo la investigación por la desaparición forzada. La segunda es no aceptarla, por lo que disputará la competencia con Canicoba Corral. Allí será un nuevo tribunal -la Cámara Federal de Casación- el que resuelva qué juez intervendrá.

Las dos Cámaras están ante decisiones que pueden marcar el caso de Santiago Maldonado que ya lleva 50 días desaparecido.