Viernes 20 de noviembre de 2026

Área Metropolitana — 20.11.2026 —

La fiscal del caso Niño de Cobre advirtió que existía un riesgo de fuga por sus vínculos en el exterior

Jorgelina Moser Ferro explicó por qué solicitó la prisión preventiva después de que la Cámara confirmara la condena a seis años y seis meses. También señaló que la defensa todavía puede recurrir a la Corte Suprema provincial, pero que esa presentación no suspende la medida.


La fiscal Jorgelina Moser Ferro sostuvo que existía un riesgo de fuga que justificaba la detención de Andrés Iglesias, conocido artísticamente como Niño de Cobre, luego de que la Cámara de Apelaciones confirmara su condena por abuso sexual contra una expareja. La funcionaria explicó que el muralista tiene vínculos en el exterior y que, ante la posibilidad de que intentara abandonar el país, la Fiscalía solicitó revisar su situación de libertad. «Es muy factible que en este período de tiempo de encontrarse en libertad pueda profugarse», afirmó.

Iglesias quedó detenido este jueves, después de que la jueza Susana Luna ordenara su prisión preventiva en los tribunales de Santa Fe. El muralista había permanecido en libertad durante el proceso judicial, pero la confirmación de la condena, cuya pena fue reducida de siete años y seis meses a seis años y seis meses de prisión, modificó el escenario procesal, según explicó Moser Ferro. La fiscal aclaró que la defensa todavía puede presentar un recurso ante la Corte Suprema provincial, aunque señaló que esa eventual presentación no tiene efecto suspensivo sobre la medida dispuesta.

En sus declaraciones de este viernes, Moser Ferro explicó que el principal argumento para solicitar la prisión preventiva fue el peligro de fuga, ya que el riesgo de entorpecimiento de la investigación había dejado de ser relevante en esta etapa del proceso. En ese sentido, sostuvo que Iglesias cuenta con contactos internacionales vinculados con su actividad, aunque reconoció que la Fiscalía desconoce específicamente quiénes son esas personas. «Es una persona que, más allá de que nosotros desconozcamos específicamente quiénes, tenía muchos vínculos en el exterior», señaló. Según indicó, la magistrada consideró acreditados los riesgos procesales planteados.

La fiscal también puso especial énfasis en los derechos de la víctima, al señalar que durante el proceso judicial se garantizaron las posibilidades de defensa del acusado, pero que la mujer todavía no había obtenido una respuesta reparadora. «Si bien no se va a poder reparar el daño causado, por lo menos con el cumplimiento o inicio de cumplimiento de una pena ya se le está garantizando a la víctima ciertos derechos que el Estado tiene obligación de tutelar», expresó. La condena corresponde a un hecho de abuso sexual con acceso carnal cometido en diciembre de 2022, cuando Iglesias convivía con la víctima en San José del Rincón.

Respecto de los pasos judiciales que podrían seguir, Moser Ferro explicó que la defensa puede intentar que la Corte Suprema de Santa Fe revise la resolución, mediante un recurso que debe presentarse inicialmente ante el tribunal de segunda instancia. Si esa presentación no es concedida, existe la posibilidad de acudir directamente a la Corte mediante una queja. La funcionaria aclaró que, en esa instancia, el análisis se concentra en cuestiones constitucionales o posibles arbitrariedades y no en una nueva discusión de los hechos. También indicó que desconoce dónde será alojado Iglesias, ya que esa decisión corresponde al Servicio Penitenciario.

Finalmente, Moser Ferro reveló que había solicitado la prisión preventiva apenas tomó conocimiento de la confirmación de la condena, pero que la audiencia fue fijada para casi una semana después. «Para mí era un riesgo grande el plazo de tiempo de casi una semana», manifestó. La fiscal precisó que la investigación y el juicio estuvieron a cargo de su colega Luciana Escobar Cello y que ella intervino para solicitar la medida cautelar. Al evaluar el resultado de la audiencia, afirmó que era la resolución que esperaba y volvió a destacar la necesidad de que el proceso judicial contemple también los derechos de la víctima.

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