Maldonado: La familia descarta que un matrimonio lo haya levantado en la ruta

Graciela González y Eduardo Muñoz contaron su versión en el Canal 13 de Tierra del Fuego y la dejaron asentado en una comisaría de Río Grande, aunque no declararon como testigos en la causa por desaparición forzada que se tramita en la justicia federal de Esquel. Ante las cámaras contaron que el 22 de agosto levantaron a un hombre en el tramo de la ruta 40 que va de Esquel a la ciudad de Tecka, con poca ropa, que dijo tener 28 años y estaba en estado de shock. "Lo observé mucho, era él. Estamos disponibles para la Justicia porque no estamos mintiendo", dijo la mujer.

Sin embargo, los familiares de Santiago se mantienen firme en la idea de investigar el accionar de las fuerzas de seguridad. "La única hipótesis real es la desaparición forzada y está involucrada la Gendarmería. Desestimamos todas las hipótesis que vienen sacando (los medios), incluso la del matrimonio. Desde el segundo día que tenemos la hipótesis de que el involucrado es Gendarmería. Es un desgaste terrible, pero tuvimos que salir a desmentir todo el tiempo. Esta semana dijimos basta, no podemos estar desestimando todo el tiempo cosas falsas", enfatizó a Radio 10 Sergio Maldonado, hermano mayor de Santiago.

La familia finalmente fue recibida por la fiscal Silvina Ávila, quien se negó a hacerlo antes por considerarlos "violentos", luego que en el último encuentro cara a cara le dijeron que "no movían el culo" para hallarlo a Santiago. "(Ávila) estaba con Fernando Vallone, del Procuvin, y él nos dijo que la única hipótesis real es que es una desaparición forzada y que la única involucrado es Gendarmería, y que toda la investigación está sobre eso", subrayó Sergio al programa de Gustavo Sylvestre.

En esa línea, exhortó al Gobierno a aceptar que fue una "desaparición forzada" y adelantó que el lunes habrá "respuestas" de los cruces de los llamados, computadoras y a la geolocalización de los gendarmes el día de la represión. 

Fuentes judiciales aseguraron a la familia que "por ahora" no serán citados a declarar los gendarmes involucrados en el desalojo de los mapuches del 1 de agosto, ni a los jefes de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales que habrían ordenado la represión porque son plausibles de una imputación en el futuro. Consideran dificultoso convertir a un testigo en imputado. Lo que sí está confirmado es la declaración de dos policías de la provincia de Chubut. El jueves se presentaron cuatro testigos más. 

Asimismo, Sergio denunció "adulteraciones" en el expediente en poder de la fiscalía: hay hojas pegadas con cinta scotch, pintadas con liquid paper, números y fechas que no corresponden y libros fajados sobre las armas y los móviles de los escuadrones 35, 36 y 37 de Gendarmería, que habían sido secuestrados desde el 17 de agosto y nunca fueron revisados. "Se podía haber trabajado sobre eso, y no esperar. El secreto de sumario no tuvo ninguna validez, no hay nada que se haya hecho misteriosamente", dijo.

El hermano del joven artesano y tatuador consideró tardío el cambio de estrategia del Gobierno. "Me hubiese gustado escuchar el segundo día, y no el 38. Tuve que salir a hablar por los medios y eso fue el termómetro para que nos recibiera la fiscal, porque supuestamente éramos violentos. Una que vez que se levante el secreto de sumario y buscamos la inflación, ahí el Gobierno nos reconocen. Tenés que empezar a prender la mecha de la hornalla y levantar la temperatura para que se pidan las cosas y tendría que haberlo hecho desde un primer momento", expresó.

Por otra parte, cuestionó al secretario de DDHH, Claudio Avruj, quien dijo que el Poder Ejecutivo hacía un "acompañamiento" de los testigos que se presentaron en la causa. "Los trajimos nosotros de la comunidad, les dimos protección personal, los atendimos, los llevamos a declarar. Es otra mentira más: nunca hubo asistencia ni ayuda a los testigos. Hay que separar lo que dice el Gobierno de lo que es la realidad", afirmó.

Fuego

Tras viajar a Esquel, Avruj acusó al kirchnerismo de utilizar la causa con fines electorales. "Hay una mano fundamental del kirchnerismo. Embarran la causa y no ayudan en nada. Y atrás del kirchnerismo, la gente que tiene un enorme prejuicio contra nuestro Gobierno", afirmó Avruj. "Es muy canallesco querer usar esto con fines electorales, es impensable para gente de bien", señaló a un matutino. "Hay toda una construcción que se hizo desde el kirchnerismo en función de constituir poder a partir del relato de los derechos humanos. Hoy vemos la misma utilización. Toda esta construcción del discurso tiene como consecuencia un uso partidario y electoral", agregó.

En tanto, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, respaldó a Patricia Bullrich y rechazó la carátula "desaparición forzada". El ministro además retrucó los recientes dichos del ministro de Justicia y DDHH, Germán Garvano, quien dijo que "no pone las manos en el fuego por nadie", en referencia a la posible vinculación y encubrimiento de la desaparición por parte de funcionarios públicos, algo que la ministra de Seguridad negó rotundamente. 

"No coincidimos con la carátula que ha puesto el juez. Desaparición forzada de persona para nosotros no es", dijo Buryaile, a radio Rivadavia. "Puede ser un hecho delictivo" ya que "no descartamos ninguna hipótesis".

"Pongo las manos en el fuego por la gente que yo conozco y pongo las manos en el fuego por las autoridades del Gobierno de la República Argentina. Lo que no se puede poner en duda y me aparece que no se ponga en duda es la voluntad del Gobierno que se ha manifestado desde el primer día", indicó el formoseño radical.

Rastrillajes limitados

En las últimas horas el juez federal de Esquel Guido Otranto ordenó rastrillajes sobre el río Chubut. El magistrado busca descartar que el cuerpo del joven artesano pueda aparecer sin vida flotando en el cauce. Aunque la familia de Maldonado todavía no tuvo confirmación de la medida, se estima que el operativo comience este viernes sin fecha de finalización. 

La orden para el procedimiento fue dada a un centenar de efectivos del Prefectura y la Policía Federal. El juez aclaró que los agentes no podrán ingresar al Pu Lof, el predio ocupado por la comunidad mapuche que protestaba en la ruta 40. Cerca de Avruj ventilaron tras la reunión entre Otranto y el funcionario nacional que el juez no quiere uniformados en los territorios sagrados porque supuestamente, según le informaron, algunos integrantes de la comunidad podría tener armas de fuego, lo mismo que los custodios privados de Luciano Benetton. La decisión de no ingresar al predio es para evitar enfrentamientos armados y riegos para las vidas.