Atentado a la AMIA: 23 años de impunidad

La organización internacional plantea la urgente necesidad de aplicar el decreto 812 de 2005, aún pendiente pese a los años transcurridos. La Argentina, a través de compromisos asumidos en instancias nacionales e internacionales, se comprometió a: garantizar la investigación del atentado y del encubrimiento y las sanciones a los responsables; fortalecer las unidades especiales de investigación dedicadas al caso (Unidad Fiscal Especial AMIA del Ministerio Público y Unidad Especial de Investigación del caso AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos); extender las unidades de relevamiento a la dirección de Migraciones e informatización de los registros migratorios; crear una unidad especializada en catástrofes; transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia; promover la sanción de una ley de reparación para todas las víctimas del atentado; y profundizar el proceso del relevamiento de archivos del caso AMIA en poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado (actualmente AFI -Agencia Federal de Inteligencia-) y de las Fuerzas de Seguridad.

Respecto a este último punto, Amnistía Internacional indicó que acompaña las preocupaciones advertidas por familiares de víctimas respecto del decreto 229/17 que refiere a la desclasificación de archivos de la causa AMIA afectadas al proceso judicial. Es preciso que se garantice la integridad de la documentación desclasificada, se fortalezca el trabajo realizado por el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental del Ministerio Público Fiscal (GERAD) y se proteja la transparencia en los protocolos de trabajo que contribuyan a descubrir la verdad sobre lo sucedido y comprobar las circunstancias y los responsables de los delitos investigados.

En un nuevo aniversario, Amnistía Internacional acompaña a los familiares en su dolor y se suma a la convocatoria de los actos recordatorios.