Viernes 20 de noviembre de 2026

Nacionales — 20.11.2026 —

El Senado aprobó la ley para garantizar las prestaciones por discapacidad

El proyecto obtuvo respaldo unánime y contempla la continuidad de las pensiones no contributivas, la cobertura de salud y la actualización de los aranceles del sistema.


El Senado convirtió en ley, por unanimidad y con 71 votos afirmativos, el proyecto que establece un régimen permanente para el sistema de prestaciones y protección de las personas con discapacidad. La iniciativa mantiene los principales beneficios contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad, que vence en diciembre, pero deja atrás su carácter transitorio y busca dar continuidad a las coberturas, pensiones y servicios.

La aprobación se produjo después de un extenso debate en el que oficialismo y oposición coincidieron en acompañar la propuesta, aunque expusieron diferencias sobre la situación que atraviesa el sector y las garantías para financiar las prestaciones. El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados.

Uno de los puntos centrales es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto se mantiene en el equivalente al 70% de la jubilación mínima. Además, la norma permite que sus titulares puedan trabajar en relación de dependencia o inscribirse en el monotributo sin perder el beneficio, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Para acceder a esta prestación se mantiene como requisito el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La ley también conserva el nomenclador único de prestaciones y establece la actualización periódica de los aranceles según la movilidad jubilatoria, vinculada al índice de precios al consumidor. A su vez, garantiza la continuidad de la cobertura médica básica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión.

Financiamiento, auditorías y deudas con prestadores

En materia presupuestaria, el proyecto establece que los recursos destinados al sistema no podrán reducirse, en términos reales, respecto del ejercicio anterior. También incorpora un esquema de auditorías periódicas, que contempla el intercambio de información entre organismos como ANSES, ARCA, el RENAPER y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

La iniciativa incluye, además, disposiciones para regularizar las deudas que el Estado mantiene con los prestadores. El Poder Ejecutivo deberá presentar un cronograma de cancelación de esos compromisos dentro de los 30 días posteriores a la sanción de la ley y completar los pagos en un plazo máximo de 90 días desde su entrada en vigencia. Por otra parte, tendrá un plazo de 30 días para reglamentar la norma.

Página|12+2

Las posiciones durante el debate

Al defender el proyecto, el senador de La Libertad Avanza Agustín Monteverde sostuvo que la salida de la emergencia requiere establecer reglas estables y previsibilidad para las familias y los prestadores. "Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo", afirmó.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, definió la iniciativa como "un acuerdo social y un acuerdo político". También reconoció las dificultades atravesadas por el sector durante los últimos años y señaló que la nueva ley busca dar mayor certeza sobre las prestaciones y su financiamiento.

Desde la oposición, la senadora Alicia Kirchner consideró que la sanción representa un avance, aunque advirtió que no resuelve todos los problemas. "Hoy estamos dando una respuesta muy importante, pero no definitiva", expresó.

En la misma línea, la legisladora Lucía Corpacci sostuvo que la ley fue posible por los reclamos de las organizaciones y las movilizaciones de las personas con discapacidad y sus familias. Si bien valoró que se mantengan los derechos contemplados en la emergencia, advirtió que será necesario garantizar los recursos presupuestarios para que las prestaciones puedan cumplirse.

Por su parte, el radical Maximiliano Abad reclamó avanzar hacia políticas públicas sostenidas y recordó las dificultades que atravesaron instituciones y profesionales por los atrasos en los pagos y la falta de actualización de los aranceles. El senador del PRO Martín Goerling Lara, en tanto, destacó la necesidad de que la protección de las personas con discapacidad no dependa de una emergencia con fecha de vencimiento.

Con la aprobación del Senado, el Congreso completó el tratamiento de una iniciativa que busca dar continuidad al sistema de prestaciones más allá de diciembre. Su aplicación dependerá ahora de la reglamentación y de que se garanticen los recursos necesarios para sostener los beneficios establecidos.

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