Nacionales — 12.08.2026 —
El Gobierno frenó los cambios en la Ley del Libro y mantendrá por ahora el precio fijo
La iniciativa impulsada desde el área de Desregulación buscaba eliminar el sistema por el cual las editoriales fijan un precio uniforme de venta. Libreros y editores habían advertido que una liberalización podría perjudicar a los comercios más pequeños y reducir la diversidad de títulos.
El Gobierno decidió no avanzar, al menos por ahora, con la modificación de la denominada Ley del Libro, que establece el sistema de precio fijo para la comercialización de ejemplares en Argentina. La iniciativa había surgido desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, pero quedó fuera de la agenda legislativa, según confirmó Patricia Bullrich, con el respaldo del presidente Javier Milei.
La decisión implica que se mantendrá vigente el mecanismo por el cual el editor, importador o representante fija el precio de venta de cada libro, limitando la posibilidad de que grandes cadenas, plataformas u otros comercios compitan mediante fuertes descuentos. La finalidad de este sistema es que un mismo título mantenga condiciones similares de precio independientemente del lugar donde se compre, una herramienta que sus defensores consideran fundamental para proteger a las librerías más pequeñas y preservar una oferta editorial diversa.
“No entró ni va a entrar”, afirmó Bullrich respecto del proyecto. Según explicó, la intención oficial es concentrar la agenda en “medidas más estructurales” y consideró que “farmacias y librerías no lo son”.
Milei, por su parte, respaldó la definición y aseguró que no existen diferencias internas respecto de la decisión. “La agenda legislativa se decide en la mesa política. La mesa política determina cuál es la mejor estrategia de implantación”, señaló, y sostuvo que existe “perfecta consonancia” en el proceso de toma de decisiones.
Qué buscaba cambiar el Gobierno
El anteproyecto elaborado desde el área que conduce Federico Sturzenegger proponía eliminar el régimen establecido por la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, conocido habitualmente como Ley de Precio Fijo.
La propuesta partía de la premisa de que permitir una mayor competencia entre los vendedores podría generar descuentos, promociones y, en consecuencia, libros más baratos para los consumidores.
Desde Desregulación habían explicado que la iniciativa no pretendía eliminar librerías, editoriales, derechos de autor ni políticas culturales, sino “una prohibición para competir en precios”. Según esa posición, una mayor competencia permitiría ampliar las opciones disponibles para los lectores.
Sin embargo, tras las declaraciones de Bullrich, el proyecto quedó fuera de la discusión parlamentaria inmediata. Desde el área de Sturzenegger señalaron que “no hay nada definido” respecto del futuro de la iniciativa, aunque reconocieron que actualmente no existe un proyecto en el Congreso para modificar la normativa.
Uno de los puntos centrales de la discusión pasa por comprender qué busca el sistema de precio fijo. La legislación establece, en términos generales, que quien edita o importa un libro determina su precio de venta al público, que luego debe ser respetado por los distintos canales comerciales, dentro de las condiciones previstas por la normativa.
El objetivo es evitar que la capacidad económica de cada vendedor sea el factor determinante para competir. Una gran cadena, supermercado o plataforma digital tiene mayores posibilidades de reducir sus márgenes o aplicar importantes descuentos sobre los títulos más vendidos que una librería independiente.
Quienes defienden la legislación argumentan que, sin ese límite, los grandes operadores podrían ofrecer los títulos de mayor demanda a valores difíciles de igualar para pequeños comercios y concentrar progresivamente una mayor parte del mercado.
Desde esa perspectiva, el precio fijo no solamente busca proteger establecimientos comerciales: también apunta a preservar la diversidad editorial, ya que las librerías independientes suelen ofrecer obras de menor circulación junto con los grandes éxitos comerciales.
El argumento contrario sostiene que esas restricciones impiden una competencia que podría traducirse en precios más bajos y mayores posibilidades de promoción para los consumidores.
El rechazo del sector editorial y librero
Desde que trascendió la intención oficial de modificar la normativa, distintos representantes de librerías y editoriales expresaron su rechazo. Esta semana, integrantes de la Cámara Argentina de Librerías Independientes participaron de una reunión de la Comisión de Cultura de Diputados para explicar sus cuestionamientos.
Entre sus principales preocupaciones aparece la posibilidad de que una liberalización favorezca a grandes cadenas, supermercados y plataformas digitales, capaces de utilizar los títulos de mayor venta como productos promocionales y ofrecer descuentos que pequeños establecimientos no podrían sostener.
También existen dentro del propio sector voces que consideran necesario actualizar una legislación sancionada antes de muchos de los cambios tecnológicos y comerciales de los últimos años, aunque plantean que esa modernización no necesariamente debería implicar una desregulación completa.
Por el momento, esa discusión quedará postergada. La Ley del Libro continuará vigente y el sistema de precio fijo no tendrá modificaciones, mientras el Gobierno decidió concentrar su agenda legislativa en otras reformas.
