Seis policías serán imputados por la muerte de un detenido en una comisaría de Santa Fe

Seis policías fueron aprehendidos en las últimas horas por orden de la Unidad Fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el marco de la investigación por la muerte de Mauro Daniel González, ocurrida en enero de este año mientras permanecía detenido en un calabozo de la Comisaría Octava de la ciudad de Santa Fe. Los efectivos serán llevados este viernes a una audiencia imputativa, en la que la Fiscalía les atribuirá los delitos que se les imputan.

Cinco de los policías integran el Comando Radioeléctrico y el restante pertenece al Cuerpo Guardia de Infantería (CGI). La investigación está a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, quien encabeza la Unidad Fiscal de Violencia Institucional.

El caso se remonta al 17 de enero, cuando Mauro Daniel González, de 35 años, fue aprehendido frente a su vivienda, en barrio Yapeyú, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un presunto desorden en la vía pública.

Según sostiene la familia de la víctima, el procedimiento estuvo marcado por un uso excesivo de la fuerza. La causa incorpora además declaraciones de testigos, registros de cámaras de seguridad, fotografías y videos aportados por vecinos, con el objetivo de reconstruir lo ocurrido durante el operativo.

Tras su aprehensión, González fue trasladado por distintas dependencias policiales y examinado por un médico, quien dejó constancia de lesiones que demandaban varios días de recuperación. Posteriormente quedó alojado en un calabozo de la Comisaría Octava.

Uno de los aspectos centrales de la investigación es que, según consta en el expediente, el fiscal que intervino inicialmente había ordenado la liberación de González alrededor de las 22.40 del 17 de enero. Sin embargo, esa disposición no llegó a concretarse. Horas después, cuando los efectivos fueron a notificarlo para hacer efectiva la medida, el hombre fue encontrado sin signos vitales dentro de la celda.

Tras el fallecimiento, la causa pasó de la Fiscalía de Homicidios a la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, que dispuso la aplicación del Protocolo de Minnesota, un instrumento internacional utilizado para investigar muertes ocurridas bajo custodia del Estado.

La familia de González, que actúa como querellante con el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, sostiene que la investigación debe abarcar no solo las circunstancias de la muerte, sino también el procedimiento de detención, el traslado, la atención médica recibida y las eventuales responsabilidades de los policías encargados de garantizar la integridad física de la víctima mientras permanecía bajo custodia.

Con las aprehensiones concretadas, la audiencia imputativa prevista para este viernes marcará el inicio de una nueva etapa del proceso judicial, en la que el fiscal Ezequiel Hernández expondrá las evidencias reunidas y formulará las imputaciones correspondientes contra los seis efectivos policiales.