La CGT recusó a camaristas y pidió anular el fallo que restituyó la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo presentó un pedido para apartar a los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, luego de que ese tribunal resolviera restablecer la vigencia de artículos clave de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

La central obrera recusó a los camaristas María Dora González y Víctor Arturo Pesino, y además solicitó la nulidad de la resolución que otorgó efecto suspensivo a la apelación presentada por el Estado. Esa decisión dejó sin efecto práctico la medida cautelar dictada previamente por el juez Raúl Ojeda, que había frenado la aplicación de 83 artículos de la reforma.

El conflicto se originó a partir de la apelación del Estado nacional contra esa cautelar. En un primer momento, el recurso había sido concedido con efecto devolutivo, lo que implicaba que la suspensión de los artículos se mantenía vigente mientras se analizaba el caso. Sin embargo, la Cámara modificó ese criterio y otorgó efecto suspensivo, lo que habilitó la aplicación de la normativa.

Desde la CGT cuestionaron tanto la decisión como la actuación de los magistrados. En su presentación, plantearon que el fallo fue dictado por jueces que deberían apartarse del expediente y advirtieron sobre una supuesta falta de imparcialidad, especialmente en el caso de Pesino, a raíz del inicio del trámite para extender su permanencia en el cargo.

Además, la organización sindical sostuvo que la Sala VIII no tenía competencia para intervenir en el expediente y que la resolución fue adoptada sin dar intervención previa a la parte demandante, lo que —según señalaron— vulnera el derecho de defensa.

En cuanto al contenido del fallo, la CGT rechazó el criterio aplicado para otorgar efecto suspensivo a la apelación, al considerar que debilita la función de las medidas cautelares y deja sin protección inmediata a los trabajadores frente a cambios normativos.

El trasfondo de la disputa es la implementación de la reforma laboral, que según la central obrera introduce modificaciones que afectan derechos vinculados al empleo, la organización sindical y la negociación colectiva.

Finalmente, la CGT dejó planteada la posibilidad de acudir a la Corte Suprema de Justicia y a organismos internacionales, al considerar que están en juego derechos de carácter constitucional vinculados al debido proceso, la tutela judicial efectiva y la libertad sindical.