SADOP denunció la ausencia de políticas para garantizar la seguridad en las escuelas

El sindicato SADOP Santa Fe expresó su preocupación por la respuesta del Gobierno provincial tras el episodio ocurrido en la Escuela N° 40 "Mariano Moreno" de la ciudad de San Cristóbal, al considerar que las medidas adoptadas tienen un enfoque “punitivista y economicista” y no abordan de fondo la problemática.

A más de 20 días del hecho, desde el gremio denunciaron la falta de políticas públicas orientadas a garantizar la integridad física y psicológica de docentes, estudiantes y de toda la comunidad educativa. En ese sentido, advirtieron sobre el impacto que, según señalaron, tuvo el recorte de recursos en el sistema educativo.

En el comunicado, SADOP cuestionó especialmente la desarticulación de los equipos socioeducativos, a los que definió como herramientas clave para intervenir en contextos críticos dentro de las escuelas. Según indicaron, la ausencia de estos dispositivos deja a las instituciones sin el acompañamiento necesario y expone las limitaciones de las medidas adoptadas por el Estado.

Además, el sindicato planteó que las respuestas oficiales se apoyan en una lógica centrada en la sanción y la penalización, en lugar de promover políticas sostenidas en el tiempo. En ese marco, remarcaron que las escuelas requieren la presencia de equipos interdisciplinarios y gabinetes psicopedagógicos, más que intervenciones vinculadas a la seguridad.

Por otro lado, desde la entidad gremial señalaron la falta de instancias de diálogo con el Gobierno provincial y la no convocatoria a las comisiones técnicas paritarias de condiciones de trabajo, lo que —advirtieron— profundiza el malestar en el sector.

Finalmente, SADOP sostuvo que, ante eventuales situaciones de riesgo, si no están dadas las condiciones de seguridad necesarias, los docentes no pueden garantizar el normal desarrollo de sus tareas, y subrayó que esa situación no debería derivar en sanciones laborales ni económicas. También hicieron extensiva la advertencia a las entidades propietarias de las instituciones educativas, a quienes señalaron como responsables de velar por las condiciones de trabajo.