Nacionales — 11.04.2026 —
La demanda de la CGT por la reforma laboral se resolverá en la justicia federal
Una jueza definión que el planteo contra la ley debe tramitarse en el ámbito contencioso administrativo y no en tribunales laborales como postulaba la central obrera.
La demanda presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado nacional por la Ley de Modernización Laboral deberá tramitarse en el fuero contencioso administrativo federal. Así lo resolvió la jueza federal Macarena Marra Giménez, al dirimir el conflicto de competencia que se había planteado entre ese ámbito y la Justicia Nacional del Trabajo.
El cambio de fuero había sido impulsado por el Ministerio de Capital Humano, que argumentó que la causa involucra materias de derecho público con el Estado como parte demandada. La jueza también tomó en cuenta modificaciones introducidas por la propia reforma en relación a la competencia judicial en estos casos.
En su fallo, la magistrada sostuvo que el eje del reclamo de la CGT no se vincula con conflictos laborales particulares, sino con la validez de normas generales y políticas públicas impulsadas por el Estado. En ese sentido, entendió que corresponde la intervención de la justicia federal y advirtió que habilitar a tribunales laborales a pronunciarse sobre este tipo de cuestiones “alteraría el sistema de control de legalidad”.
Con esta decisión, se ordenó al Juzgado Nacional del Trabajo N.º 63, a cargo de Raúl Horacio Ojeda, remitir el expediente al fuero contencioso administrativo federal. En caso de no hacerlo, la causa deberá ser elevada a la Cámara correspondiente para su resolución.
El fallo, además, fija un criterio sobre el alcance de la Justicia laboral, al dejar fuera de su órbita las impugnaciones a normas de carácter general o reformas estructurales del Estado, mientras que los reclamos individuales de trabajadores continuarán tramitándose en ese ámbito.
La resolución se alinea con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con el dictamen del Ministerio Público Fiscal, reforzando el rol de la justicia federal en el control de constitucionalidad de este tipo de medidas.
El planteo de la central obrera apunta a la inconstitucionalidad de distintos artículos de la Ley N.º 27.802, al considerar que vulneran derechos individuales y colectivos de los trabajadores, como la libertad sindical, la no discriminación y el acceso a la tutela judicial efectiva.
El caso se originó a fines de marzo, cuando el juzgado laboral había dispuesto la suspensión provisoria de 83 artículos de la reforma tras un pedido de la CGT, con el objetivo de evitar posibles perjuicios mientras se analiza la validez de la norma.
