Nacionales — 09.03.2026 —
Promulgaron la ley de Régimen Penal Juvenil que establece la imputabilidad desde los 14 años
La normativa fue publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 138/2026. También establece un nuevo sistema de penas y medidas para adolescentes que cometan delitos.
El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en Argentina.
La norma fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el decreto 138/2026, luego de haber sido aprobada por el Congreso durante las sesiones extraordinarias.
En el Senado, la iniciativa fue sancionada con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, convirtiéndose en una de las principales leyes impulsadas por el oficialismo.
Cómo funcionará el nuevo régimen
El nuevo marco legal establece que el sistema de penas para adolescentes deberá orientarse a la educación, la resocialización y la integración social, con el objetivo de reducir la reincidencia.
La normativa también determina que la privación de la libertad será el último recurso y que deberá aplicarse por el menor tiempo posible.
Además, se prohíbe la aplicación de penas perpetuas o de duración indefinida para menores y la imposición de antecedentes penales permanentes.
Condiciones de detención
La ley dispone que, en caso de que un adolescente sea detenido y resulte necesario su alojamiento, deberá permanecer en establecimientos especialmente acondicionados, con personal capacitado para el trato con menores.
También se establece expresamente que los adolescentes no podrán ser alojados junto a personas mayores de edad.
Menores inimputables
Para los casos de menores que aún sean inimputables, la normativa prevé que intervenga la Justicia para investigar el hecho y aplicar medidas de carácter protector o curativo, bajo la órbita de la justicia civil.
Asimismo, se establece la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.
Derechos de las víctimas
El nuevo régimen también reconoce de forma expresa los derechos de las víctimas, quienes podrán ser informadas sobre el avance de la causa, participar en el proceso y solicitar medidas de protección.
En los casos en que se determinen daños, la ley habilita que los padres o responsables legales del menor deban responder civilmente, según lo determine la sentencia judicial.
Además, la normativa contempla instancias de conciliación o mediación, siempre que la víctima lo acepte y que el tipo de delito lo permita, con el objetivo de promover mecanismos de resolución restaurativa de conflictos.
