Continúa la protesta policial y el diálogo con el Gobierno sigue estancado

La protesta policial que comenzó hace una semana se mantiene firme frente a la Jefatura de la Policía en Rosario, donde una fila de patrulleros permanece estacionada con las sirenas encendidas, marcando presencia en el lugar. La manifestación, iniciada el miércoles 4 tras la muerte de un efectivo policial, también continúa en Santa Fe capital y otras localidades del interior provincial.

Pese a los anuncios oficiales de aumentos salariales para sectores operativos de la fuerza, el conflicto se profundizó en las últimas horas por la falta de avances en el diálogo entre el Gobierno y los voceros del reclamo. La reunión prevista para este martes no se concretó y, entrada la noche, no había negociaciones en curso.

En una conferencia de prensa ofrecida a las 20, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, reconoció la legitimidad del reclamo y expresó que la gestión busca una salida mediante el diálogo. “Los reclamos son legítimos y necesarios de resolver”, afirmó, aunque también advirtió que la falta de claridad sobre quién representa a los manifestantes dificulta cualquier instancia de negociación.

“Es muy difícil avanzar cuando no hay claridad sobre qué se reclama y quién habla en nombre de quiénes”, señaló el funcionario, quien además sostuvo que, aunque existen dificultades operativas, la ciudad cuenta con niveles aceptables de patrullaje y respuesta al 911, gracias también al refuerzo de fuerzas federales.

Desde el piquete, el vocero Gabriel Sarla sostuvo que la comitiva enviada a la Casa de Gobierno no fue recibida por ninguna autoridad, y que el ministro Pablo Cococcioni estaba reunido con el gobernador Maximiliano Pullaro en ese momento. La situación fue interpretada como una señal de desinterés por parte del Ejecutivo, lo que tensionó aún más el clima entre las partes.

A pesar de las medidas ya anunciadas por el Gobierno —que incluyen mejoras salariales para agentes de calle, refuerzo en transporte y alojamiento, y apoyo en salud mental— los manifestantes insisten en que las mejoras deben alcanzar a toda la fuerza policial, sin distinción de destino ni jerarquía. También reclaman una respuesta concreta en materia de salud mental, eje central de las demandas tras los hechos que detonaron la protesta.

Santantino reafirmó que los aumentos siguen vigentes y no están condicionados, y anticipó que el impacto será “muy considerable” en los ingresos del personal operativo. No obstante, el funcionario también recordó que el conflicto tiene derivaciones institucionales: ya se dispuso el pase a disponibilidad de 20 efectivos, y el Ministerio Público de la Acusación investiga posibles responsabilidades penales por el accionar de algunos manifestantes.

“El afecto que nos une como gestión”, fue la frase elegida por Santantino para referirse al vínculo del Gobierno con la fuerza, en línea con lo que días atrás sostuvo Cococcioni al definirse como parte de una “gestión pro policía”. Sin embargo, en el terreno, la ausencia de canales formales de representación y el corte del diálogo directo mantienen al conflicto en un punto crítico.