Provinciales — 06.02.2026 —
Denuncian a un senador provincial y piden que se investigue la venta de materiales vinculada a una obra pública
La denuncia señala la comercialización de materiales por más de $18 millones entre una empresa del senador Oscar Dolzani y una firma que ejecuta una obra en San Javier, departamento por el que es legislador.
El agente público Luis Gorosito y el diputado provincial Fabián Palo Oliver presentaron una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que se investigue la posible comisión de un delito por parte del senador provincial por el departamento San Javier, Oscar Alfredo Dolzani, en el marco de una obra pública financiada por el Estado santafesino.
La presentación está vinculada a la obra denominada “Defensa contra Inundaciones y Estabilización de Barrancas Zona Este de la Ciudad de San Javier”, actualmente en ejecución y a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada, entre otras firmas, por Obring S.A.
Según consta en el escrito, acompañado por documentación respaldatoria, se denuncia la presunta comercialización de materiales y servicios por parte del “Corralón Dolzani” —firma que tendría como titular al legislador, de acuerdo a registros de ARCA— a la empresa Obring S.A., integrante de la UTE adjudicataria.
De acuerdo con la denuncia, se trataría de la venta de materiales y servicios desde la empresa del senador a una de las compañías que ejecuta una obra pública en su propio departamento, financiada por el Estado provincial.
Una operación por casi 19 millones de pesos
En la presentación se adjuntan una factura (A N° 00010-00001490) y un remito (N° 00010-31346571), ambos fechados el 27 de enero de 2026, que acreditarían una compra directa por parte de Obring S.A. al Corralón Dolzani por un monto de $18.894.036,11.
Los denunciantes solicitaron al MPA que confirme la veracidad de los hechos y que, en caso de corresponder, determine si la conducta encuadra en alguna de las figuras previstas en el Código Penal o en la normativa provincial vigente.
Posibles encuadres legales
En el escrito se menciona, entre otras normas, el artículo 265 del Código Penal, referido a “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, que sanciona a los funcionarios que se interesen, directa o indirectamente, en contratos u operaciones en las que intervengan por razón de su cargo.
También se alude al artículo 256 bis del Código Penal (tráfico de influencias), al deber de ética pública previsto en el artículo 6 de la Constitución provincial, a las incompatibilidades establecidas en el artículo 87 de la misma Carta Magna y a las disposiciones de la Ley Provincial 13.230 de Ética Pública.
Los denunciantes sostienen que, de corroborarse la operación comercial, podría configurarse un conflicto de intereses, teniendo en cuenta que el senador participó en la aprobación del endeudamiento para la continuidad de la obra y posee funciones de control sobre la inversión pública provincial.
Medidas probatorias solicitadas
En la presentación, Gorosito y Palo Oliver propusieron diversas medidas para avanzar en la investigación. Entre ellas, solicitar informes a ARCA sobre operaciones comerciales entre Dolzani y las empresas integrantes de la UTE; requerir al Ministerio de Obras Públicas los antecedentes técnicos de la obra; y disponer pericias contables y técnicas para verificar la operación denunciada y la procedencia de los materiales utilizados.
También pidieron informes bancarios sobre eventuales transferencias entre el legislador y las empresas involucradas desde 2024 hasta la actualidad, así como detalles sobre otras obras desarrolladas por las firmas mencionadas en la provincia.
Será ahora el Ministerio Público de la Acusación el que deberá analizar la documentación aportada y definir los pasos a seguir en el marco de la investigación solicitada.
