España avanzará con una regularización de más de medio millón de inmigrantes

El Consejo de Ministros aprobará la tramitación urgente de una regularización extraordinaria de inmigrantes que podría beneficiar a más de 500.000 personas en situación irregular en España. Se trata de una medida excepcional que no se aplicaba desde hace dos décadas y que llega tras una fuerte presión de organizaciones sociales, religiosas y empresariales de distintos signos ideológicos.

Según el acuerdo al que dará luz verde el Ejecutivo, la iniciativa responde al aumento de los flujos migratorios provocado por conflictos internacionales, cambios geopolíticos y el impacto del cambio climático, lo que obliga a adaptar la política migratoria a un contexto más complejo y dinámico.

La regularización alcanzará a personas en situación irregular y solicitantes de asilo que acrediten haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025. El proceso de solicitud se habilitaría a partir de mayo y exigiría, además, no contar con antecedentes penales relevantes.

Para demostrar la permanencia en el país, se aceptará una amplia variedad de documentación, como el empadronamiento, certificados de atención médica o social, contratos de alquiler, comprobantes de envíos de dinero o tickets de transporte, entre otros.

Durante la tramitación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión vinculadas a infracciones administrativas o al trabajo sin permiso. Una vez admitida la solicitud, se otorgará una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos básicos, como la asistencia sanitaria. En caso de resolución favorable, se concederá una residencia por un año, con posibilidad de acceder luego a un permiso ordinario según el reglamento de extranjería.

La medida se aprobará mediante un Real Decreto, por lo que no requerirá validación del Congreso. Tras su aprobación inicial, el texto será sometido a audiencia pública, informes ministeriales y dictamen del Consejo de Estado antes de su sanción definitiva.

La iniciativa tiene como antecedente una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por más de mil organizaciones y respaldada por más de 700.000 firmas, entre ellas entidades empresariales, colectivos sociales y la Conferencia Episcopal Española.