Busatto lanzó duras críticas a la justicia por la condena a Vorobiof: "Es irrisoria", dijo

Luego de confirmarse que el expresidente del Ente Administrador del Puerto Santa Fe, Marcelo Vorobiof, fue condenado a tres años de prisión condicional y a pagar apenas 8 millones de pesos de multa, el diputado provincial Leandro Busatto criticó duramente el acuerdo judicial y consideró que es “irrisorio”.

“El acuerdo abreviado entre el ex presidente del Ente Administrador Puerto de Santa Fe y la fiscalía demuestra que hay una justicia para pobres y otra para ricos. Que se puede estar al frente de una estafa millonaria, no ir a la cárcel y pagar una reparación irrisoria”, aseguró el legislador, presidió la Comisión Investigadora del Puerto de Santa Fe.

A continuación, Busatto recordó que “Vorobiof asumió por un acuerdo entre el radicalismo y el socialismo” y destacó que admitió su culpabilidad por “negociaciones incompatibles con la función pública" y "estafas por administración fraudulenta". La pena fue de 3 años, de ejecución condicional y deberá pagar 8 millones de pesos, además de quedar inhabilitado para ejercer cargos en la función pública.

“La cifra es irrisoria respecto a los delitos que cometió. Se probó que creó empresas fantasmas a las que les adjudicó obras desde el Puerto. Al cambio de la época, esas empresas cobraron 538.000 dólares. Hoy serían 67.519.000 pesos, sin contar los impuestos”, marcó el diputado.

 “Determinamos que el Ente habría dejado de percibir recursos legítimos en el orden de los 30 millones de dólares. ¿Por qué? Por el canon que le cobró a las empresas, más bajo de lo que correspondía”.

“En 49 de 51 casos analizados, según información que brindó el propio Ente, las empresas pagaban mucho menos de lo que debían. Algunas llegaron a abonar apenas el 3% del valor real. El perjuicio económico a la provincia fue enorme. La multa que debe pagar es insignificante”, agregó.

En el mismo sentido, recordó lo que la situación había sido denunciada en el informe final de la Comisión Investigadora: "generó un perjuicio económico, el desplazamiento de los objetivos de carácter portuario específicos, y la simultánea instalación de otros intereses de naturaleza comerciales e inmobiliarios en beneficio de particulares".

“Algo debe quedar claro: las irregularidades fueron advertidas por la Sindicatura General, que determinó que las empresas fantasmas se presentaron ante los organismos oficiales pertinentes en fecha posterior a presentar ofertas. Sin embargo, el gobierno no tomó ninguna decisión”, lamentó Leandro Busatto.

Finalmente, el legislador manifestó que “una causa con un funcionario involucrado que admite su culpabilidad, con empresas fantasmas creadas sólo para recaudar, termina con un acuerdo abreviado, una inhabilitación para ejercer cargos y una multa que, en comparación con la estafa concretada, es irrisoria”.