A tres años, la tragedia de Monticas aún espera la respuesta de la Justicia

Al cumplirse hoy tres años de la tragedia de Monticas aún la Justicia no logró esclarecer las causas del fático siniestro vial ocurrido el 24 de febrero de 2017, cuando dos colectivos de esa empresa chocaron de frente en el kilómetro 779 de la ruta 33, entre Pérez y Zavalla, en un brutal accidente que dejó como saldo 13 muertos y decenas de heridos.

La sensación de vacío se suma al dolor y la angustia de familias de víctimas y sobrevivientes que esperan una respuesta, al igual que el resto de la sociedad santafesina, especialmente en las poblaciones de Zavalla y Casilda, donde vivía la mayoría de las personas fallecidas.

Es que, aunque el paso del tiempo ya dejó atrás la etapa de acalorados reclamos que ganaron las calles de distintas localidades del sur provincial, el conmocionante suceso todavía está fresco en la memoria colectiva, sin dejar margen para el olvido.

Es cierto que las masivas movilizaciones de protesta derivaron en la decisión política de poner fin a la “precaria” autorización o concesión del cuestionado servicio que prestaba Monticas, cuyos trayectos hoy cubren otras empresas tanto en rutas provinciales como nacionales, pero estas medidas no tuvieron el mismo correlato con la marcha de la investigación.

Lo más resonante sobrevino en diciembre de 2018 cuando fueron imputados cinco directivos de la ya desaparecida compañía de transporte como coautores del delito de homicidio culposo, agravado por multiplicidad de víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves, graves y gravísimas. Y posteriormente, en octubre del año pasado, también fue incriminado el jefe del sector de gomería del taller de la empresa.

Desde entonces, poco se avanzó, y no hubo aún, aunque se estaría trabajando en tal sentido, ninguna formulación para pedir la elevación a juicio de la causa que lleva adelante el fiscal Walter Jurado, en la que sólo fue aceptada la constitución como querellante de una sobreviviente de San José de la Esquina que desde el día del accidente se encuentra en estado vegetativo.

Se trata de María Belén Genga, cuyos representantes legales pidieron que la investigación vaya más allá, apuntando no sólo a la empresa, sino también a la presunta responsabilidad del área de Transporte de Santa Fe y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), por “no haber controlado (entre otras cuestiones) las condiciones de funcionamiento” de los colectivos siniestrados, según indicó uno de los abogados patrocinantes, Fernando Braconi.

Similar pretensión habían planteado sin éxito el municipio de Casilda, la Universidad Nacional de Rosario y la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de esa casa de altos estudios (Coad). El rechazo se fundamentó en que esas entidades “no tienen calidad de ofendido” y que “no se trata de delitos que afectan intereses colectivos o difusos, aun teniendo en cuenta la trascendencia, el impacto y la sensibilidad que generó el hecho, no sólo para las entidades, sino para la sociedad toda”.

Así lo consideró en su fallo el juez interviniente, Pablo Pinto, aunque dejando la puerta abierta para que “puedan coadyuvar a la investigación del fiscal, aun sin asumir el rol de querellantes”, ya que “nada impide que asuman un rol activo de colaboración para con la investigación”.

La UNR adujo ser “damnificada directa porque hubo personal no docente que falleció en el siniestro y eso golpeó a la comunidad universitaria”, mientras que Coad sostuvo que lo sucedido era de “interés para el conjunto de las y los trabajadores de la universidad, docentes y no docentes”, mientras que Municipalidad de Casilda sustentó su planteo en la defensa de los ciudadanos en relación a las deficiencias en el servicio. Sin embargo el magistrado entendió que no se vieron afectados intereses colectivos y desechó “acordarles una legitimación procesal para actuar como querellantes”.

La brutal colisión, según consta en el expediente fiscal, se produjo a causa del reventón del neumático delantero izquierdo del micro que circulaba en sentido Pérez - Zavalla, lo que provocó que el chofer perdiera el control y el vehículo cruzara de carril, para terminar impactando con el ómnibus que iba en sentido inverso. Luego trascendió que la rueda que explotó habría estado vencida, aunque no queda claro si ello fue determinante para que se produjera la tragedia.

Mientras el proceso sigue su curso en el fuero penal, un alto porcentaje de familiares de víctimas ya arribó a acuerdos indemnizatorios con las compañías aseguradoras, aunque ello nos los priva de seguir reclamando una condena judicial para que el caso no quede impune.

“Si bien la vida de sus seres queridos no se las devolverá nadie, merecen al menos una resolución condenatoria como resarcimiento moral; si no, la Justicia seguirá estando en deuda con las víctimas del hecho y toda la sociedad”, opinó el abogado casildense Carlos Vedia, quien representó legalmente a familiares de algunas víctimas.

Asimismo, el letrado consideró que “lo que inicialmente parecía una investigación seria y que despertó expectativas en la sociedad, terminó siendo una suerte de puesta en escena que no avanzó más allá de algunas imputaciones de cotillón, sin llegar al fondo de la cuestión, con lo cual es una gran desilusión” para todos los damnificados y sus familiares.

Ausencia y desconsuelo    

“Muchos ya no quieren ni hablar por el tremendo dolor que significa sobrellevar la muerte de un ser querido en una circunstancia trágica, cuando aún no se sabe siquiera por qué sucedió”, admitió a La Capital Alberto Tieppo, quien perdió a su esposa Cintia Albornoz en el siniestro vial un día antes que ella cumpliera 39 años de edad. El hombre sostuvo que “ante semejante tragedia, los gobiernos provincial y nacional se mantuvieron indiferentes y sin darle importancia al sufrimiento de mucha gente”.

Y tras insistir en que “hubo una gran ausencia del Estado”, manifestó finalmente que “todavía estamos esperando saber lo que sucedió el día de la tragedia, y sobre todo que los responsables paguen las consecuencias, pero lamentablemente, mientras el tiempo sigue pasando, las respuestas judiciales no aparecen y lo único que avanza es la sensación de desprotección e impunidad”.

Además de Cintia, quien nació en Rosario pero desde hacía 16 años se había mudado a Casilda donde se casó con Tieppo y fruto de ese amor tuvieron dos hijos, otras dos personas que también residían en esta ciudad cabecera del departamento Caseros murieron en al accidente: Gabriela Márquez, quien tenía 25 años, y se había recibido de profesora de inglés y trabajaba como docente en varias instituciones educativas de Casilda y la zona, y Natalia Angiorama (31), quien si bien nació en Mar del Plata vivió en Casilda desde niña.

También fallecieron esa fatídica mañana Aníbal Pontiel, de 53 años de edad (Rosario); Joana Fernández, de 15 años (Zavalla); Gianella Fernández, de 20 años (Zavalla); Juan Burzacca, de 82 años (Zavalla); Juana Ferreyra, de 69 años (Corrientes); Gustavo Souza, de 48 años (Zavalla); Jorge Forgioni, de 62 años (Zavalla); Jorge Ledesma, de 58 años (Zavalla); Sergio Norberto Chana, de 72 años (Rosario), y Marcelo Machado, de 23 años (Fray Luis Beltrán).

Evocación y reclamo

Para hoy está previsto un homenaje en memoria de las víctimas donde se renovará el reclamo de Justicia. El acto se desarrollará en el lugar del fatídico siniestro a partir de las 10.50, hora en que sucedió el conmocionante suceso. Allí se hará un minuto de silencio y posteriormente se realizará una invocación religiosa en la plaza de Zavalla, localidad de donde era oriunda la mayoría de los fallecidos. Además de familiares de víctimas y sobrevivientes participarán representantes de la Federación de Choferes del Transporte (Foetapra), y de organizaciones civiles vinculas a la concientización de la educación vial. “Reclamaremos que se avance en las investigaciones y se juzgue a los culpables”, dijo en representación de Foetapra, Walter García, al tiempo que resaltó la decisión de pedir “a las nuevas autoridades provinciales que nos acompañen para que haya celeridad judicial”, porque “los corruptos siguen sin pagar por esta terrible tragedia”, disparó para luego recordar que “cuatro meses antes al hecho veníamos denunciando sobre la malas condiciones de los colectivos de esta empresa”. Por su parte Adriana Liborio, de la agrupación casildense Prohibido Olvidar, sostuvo que “se deben terminar las dilaciones y haber justicia”.

Una ley vetusta

El marco normativo que regula el sistema del transporte automotor en el territorio santafesino data de hace décadas. Se trata de las leyes provinciales números 2.449 y 2.499, sancionadas en los años 1934 y 1935, respectivamente. Aunque es casi una obviedad la necesidad de actualizar la regulación vigente a las demandas y necesidades modernas, todavía no surgieron cambios. 

“Esta legislación, en alguna medida, también obstaculiza el avance de la investigación judicial en torno a la tragedia de Monticas”, coincidieron especialistas consultados por este medio.

Si bien en agosto del año pasado se consensuó una iniciativa que tuvo media sanción en Diputados, aún falta la aprobación del Senado.“Lo razonable sería que la aprueben este año para que no pierda estado parlamentario, lo que posibilitaría tener una normativa de avanzada”, dijo el ex legislador peronista y uno de los impulsores de la iniciativa, Julio Eggimann.

Fuente: La Capital