En 2018 hubo más de 900 casos de violencia institucional en la provincia

Prácticas policiales y de fuerzas de seguridad que van desde detenciones ilegales, malos tratos, torturas, hasta ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas de personas seguidas de muerte. La violencia institucional en Santa Fe es una problemática preocupante, de acuerdo a lo que señalaron desde el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP). En 2018 se contabilizaron en la provincia 958 casos que comprenden a 579 víctimas, de las cuales algunas de ellas sufrieron más de un hecho.

“Los números son relativos porque son los casos que nos llegan a nosotros de nuestro trabajo en lugares de encierro o de personas que se llegan a la Defensoría a hacer denuncias o buscar asesoramiento pero no son la totalidad de situaciones”, advirtió la defensora General Jaquelina Balangione, quien presentó el informe anual del Registro Público Provincial de Violencia Institucional -período 2018- ante el Consejo Asesor de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal de Rosario.

Del total de víctimas registradas, 280 se encontraban en la circunscripción judicial de Rosario, 108 en la de Santa Fe, 84 en Reconquista, 73 en Rafaela y 34 en Venado Tuerto. Además, de los 958 casos de violencia institucional, 515 fueron maltratos físicos, 252 psicológicos y en 191 ocasiones se afectó a los derechos humanos.

Balangione explicó que desde el organismo que lidera se intensifican políticas y mecanismos para detectar aquellos casos que no son denunciados y precisó las razones de las víctimas para no hacerlo, siendo el motivo más habitual el temor a recibir represalias.

Sistema Provincial de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley del legislador Santiago Mascheroni, unificado con una iniciativa de la legisladora Alicia Gutiérrez, que establece la creación del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos. El mismo busca garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y tiene competencia sobre cualquier centro de detención ubicado en el territorio santafesino.

Dicho sistema está integrado por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal de Santa Fe, el Consejo Provincial para la Prevención de la Tortura y otros malos tratos y todas aquellas instituciones gubernamentales provinciales y municipales, entes públicos y organizaciones de la sociedad civil que estén abocados a este tema.

Gutiérrez destacó el avance de esta normativa que “constituye una herramienta para luchar contra un grave flagelo que nos aqueja”, como son los casos de violencia institucional, malos tratos y abuso que sufren las internas y los internos dentro de las instituciones carcelarias. Asimismo, sostuvo la importancia de contar con “la participación de las organizaciones de derechos humanos” para llevar adelante su implementación.

El proyecto tiene como finalidad promover políticas públicas, reformas legislativas y administrativas, y campañas orientadas a prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, aprobado por la Ley nacional 25.932, y la Ley nacional 26.827, sancionada en 2012, que creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.

La diputada, y presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías, recordó que el proyecto de su autoría, presentado por primera vez en el 2008, obtuvo media sanción en cinco oportunidades anteriores, pero en cada ocasión perdió estado parlamentario debido a su falta de tratamiento en el Senado.

“Esperamos que esta vez logremos el acompañamiento de la Cámara de Senadores y se apruebe la ley para prevenir la tortura y tratos crueles e inhumanos en los centros de detención. Si bien el gobierno provincial ha tomado diferentes medidas al respecto se necesita de una normativa que aborde esta problemática de forma definitiva”, concluyó la legisladora Gutiérrez.