Provincia — 25.07.2018 —

Proyecto para repudiar las modificaciones al rol de las Fuerzas Armadas

Lo impulsa en la Cámara de Diputados de la provincia el legislador Leandro Busatto.

Por: santotoméaldía /

El diputado Leandro Busatto presentó un proyecto de declaración por el cual propone que la Cámara Baja de la provincia manifieste su repudio y preocupación por la reforma del sistema de Defensa Nacional mediante el Decreto N 683/18, donde se modifica el rol de las Fuerzas Armadas. El legislador cuestiona que se les permita actuar en tareas de seguridad interior por fuera del marco institucional democrático establecido en nuestro país a traves de leyes.

"A través de nuestro ordenamiento legal e institucional, se establecieron criterios comunes en lo respectivo a la separación de la seguridad interior y la defensa, a la prohibición de la actuación de las fuerzas armadas en asuntos políticos internos y al control civil de las fuerzas", fundamentó Busatto.

"Desde 1983 es una política de Estado separar la defensa nacional de la seguridad interior. Involucrar a las Fuerzas Armadas en asuntos de narcotráfico es ilegal y en países como México, Colombia y Brasil fracasó", añadió.

A su vez, el diputado expresó que "el marco normativo actual no prohíbe la utilización de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, sino que las circunscribe específicamente autorizando y reglamentando su actuación, otorqándoles un rol de apoyo a determinadas operaciones". En ese sentido, consideró que "el aumentar los objetivos y tareas de las Fuerzas Armadas normalmente sigue un discurso que asocia al narcotráfico y al terrorismo con actores internos", y que "en nuestra historia esto só1o sirvió para criminalizar y reprimir la protesta social, usando herramientas de inteligencia militar para espionaje interno". 

"La modificación del decreto 727 /06 permite interpretar al narcotráfico y al terrorismo como amenazas de origen externo para luego asignar a los militares la misión de combatirlas. No solo el haber avanzado de manera unilateral en una decisión que destruye decadas de consenso en torno a la construcción de una política de estado eficaz, coherente y que protege los derechos humanos de los argentinos provoca un nivel de indignación y preocupación inusitados, sino que hay que agregarle el aditamento de que dicha medida ha fracasado de manera rotunda en distintos países de la región que la han implementado", concluyó. 

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