CFK pidió la nulidad de su procesamiento y embargo en la causa por obra pública

En la causa en la que fue procesada por asociación ilícita y embargada en 10.000 millones de pesos, la ex Presidenta considerándolo un acto de "gravedad institucional", presentó ante la Sala I de la Cámara Federal la ampliación de los argumentos de su apelación en la investigación sobre la corrupción en la obra pública, pidiendo la "nulidad" de todo lo actuado por el juez Julián Ercolini.

"Se trata de un pronunciamiento que solo puede ser entendido en el marco de acontecimientos de una gravedad institucional que no registra antecedentes, al menos en los tiempos en que en nuestro país se encontró vigente el Estado de Derecho", indicó en su escrito Cristina Kirchner presentado esta mañana por su abogado defensor, Carlos Beraldi.

La causa que inició con la denuncia de Elisa Carrió en 2008 señalando la existencia de una "asociación ilícita" a través de la cual se favorecía a "empresarios amigos del poder" con fondos públicos, tuvo un nuevo capítulo el año pasado cuando la Dirección de Vialidad Nacional (DVN) denunció una estructura "diseñada para favorecer" a Lázaro Báez con 52 contratos viales por $ 46.000 millones (valor actualizado a 2016). Esto fue investigado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques que recientemente entregaron un nuevo informe al Juez señalando que los organismos estatales fueron "funcionales" a la entrega "irregular y viciada" de licitaciones a favor del empresario K.

Junto a Cristina Kirchner fueron procesados en diciembre de 2016, como integrantes de la asociación ilícita Julio De Vido, José López (preso desde junio del año pasado), Carlos Kirchner, Nelson Periotti, entre otros ex funcionarios kirchneristas; además del empresario Lázaro Báez y parte de sus estructura de contadores y directores del Grupo Austral.

La ex Mandataria que ya tiene tres procesamientos en diversas causas, consideró que los argumentos expuestos por Ercolini representan una "inusitada gravedad institucional" y consideró que su "frente judicial" al que se sumó el procesamiento en al causa que investiga la obra pública K, no resulta "un hecho aislado, por el contrario, han contado con una extraordinaria apoyatura y articulación desde los medios de comunicación opositores al anterior gobierno, que montaron una campaña permanente y sistemática de descrédito a partir de un mensaje que puede ser resumido de la siguiente manera: los hechos de corrupción que la justicia investiga ya se encuentran probados", se defendió ante la Cámara señalando que es víctima de una "persecución sistemática y descarada", donde además mencionó la difusión de escuchas telefónicas que la involucran.

En este contexto, Cristina Kirchner volvió a poner en duda la auditoría realizada por la DVN bajo la gestión de Javier Iguacel sobre la adjudicación de la obra pública vial en Santa Cruz, colocando como principal beneficiario al empresario K, socio comercial de la ex familia presidencial. En su momento solicitó un análisis en todo el país, y no respecto a un único contratista del Estado (Lázaro Báez) sino de los principales beneficiarios de la obra pública, entre los que se encontraban empresas vinculadas a la familia del Presidente de la Nación, en particular, IECSA de su primo Ángelo Calcaterra", reitera en su escrito. Fue la Cámara la que rechazó el pedido de de una auditoría integral desde 2003 a 2015, mientras Cristina sostiene que se "tergiversaron las pruebas".

La ex Mandataria pidió "la nulidad de los dictámenes" considerando que no hay "fundamento jurídico" y que cuenta con una "inequívoca intencionalidad política". Además, la defensa calificó de "arbitrariedad fáctica y jurídica" el procesamiento.

Criticando el trabajo de los fiscales Pollicita y Mahiques, Cristina indicó: "Luego de semejante ciclópea e increíble tarea, pudieron construir a una afirmación no menos inconmensurable: que durante doce años y medio fuimos gobernados por una “asociación criminal” establecida dentro del Poder Ejecutivo de la Nación y destinada a saquear las arcas públicas" calificó de "vergonzoso" la utilización de estos argumentos por parte del Juez que la procesó y enfatizó que se está ante un "proceso y la resolución absolutamente nulos", rechazando los "favores" hacia Báez. Niega la existencia de sobreprecios (que según Vialidad eran del 65%), la concentración de la obra pública en un solo grupo, el direccionamiento a favor de su socio comercial.

La Justicia sostuvo que el empresario K incurrió en constantes incumplimientos al momento de realizar las obras, dejando el 50 % de las mismas inconclusas pero que a raíz de la determinación de precio, los valores se incrementaron sustancialmente. En este punto se habló de la "inserción del amigo presidencial en el negocio de la obra pública estatal". Cristina Kirchner, negó estas acusaciones y reiteró que se trata de "enjuiciar políticas de Estado" en relación a las partidas presupuestarias y la planificación de obra pública.

Finalmente, la ex Presidenta consideró que el embargo trabajo por el juez Ercolini de $ 10.000 millones, "no constituye una medida aislada, sino por el contrario forma parte de un escenario injustificado y gravemente lesivo del derecho de propiedad" y que "carece de proporción con el patrimonio de mi representada". Además considera que hubo un cálculo "dogmático" al plantear un sobreprecio del 15% sobre los $ 46.000 millones de obras otorgadas a Báez.