Ravier defendió la derogación de la Ley de Tierras: “No afecta la soberanía territorial”

El vocero presidencial Adrián Ravier defendió la derogación de la Ley de Tierras Rurales y aseguró que la medida adoptada por el Gobierno nacional “no afecta la soberanía territorial”. Sus declaraciones se produjeron luego del reciente fallo de la Corte Suprema que revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata vinculada con el artículo 154 del DNU 70/2023.

Durante su conferencia de prensa de este martes, Ravier recordó que la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, establecía que la titularidad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio. Ese régimen fue derogado por el artículo 154 del DNU 70/2023.

Según explicó el funcionario, la decisión del Gobierno respondió a la necesidad de facilitar inversiones de largo plazo para desarrollar tierras con potencial productivo. En ese sentido, mencionó la necesidad de capital para sistemas de riego, infraestructura, forestación, tecnología y nuevos desarrollos agropecuarios.

“Argentina tiene los recursos. El desafío es generar las condiciones para que el capital los pueda transformar en producción”, sostuvo.

Ravier también buscó responder a las críticas que vinculan la derogación de la normativa con una eventual pérdida de control sobre el territorio. Afirmó que “lejos de poner en venta nuestros recursos naturales o estratégicos, atentar contra nuestra soberanía o poner en riesgo nuestras fronteras, la medida busca potenciar la producción rural”.

En esa línea, remarcó que la derogación de la Ley de Tierras no modificó el régimen de zonas de seguridad de fronteras, por lo que continúan vigentes los controles específicos para la adquisición y tenencia de inmuebles en esas áreas. “Tampoco afecta la soberanía territorial”, sostuvo el vocero, y agregó que las tierras continúan dentro del territorio argentino, sometidas a sus leyes, impuestos y jurisdicción.

El funcionario también cuestionó la legislación derogada y sostuvo que era contraria a lo establecido por la Constitución Nacional respecto de los derechos civiles de los extranjeros. “Los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles que los argentinos y son bienvenidos para trabajar la tierra y desarrollar industrias”, afirmó.

La discusión volvió a instalarse luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había dejado sin efecto la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023. El máximo tribunal fundamentó su decisión en que la organización que había iniciado la demanda no tenía legitimación para promover esa acción.

La Corte, sin embargo, no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras. Su decisión se limitó a la legitimación de la parte demandante y a la existencia de un caso judicial que habilitara el análisis de fondo.

A partir de ese fallo, Ravier cuestionó las críticas de sectores de la oposición y señaló que algunos diputados incluso presentaron medidas cautelares para intentar revertir los efectos de la decisión judicial. También apuntó contra quienes plantean dejar sin efecto la totalidad del DNU 70/2023, al que consideró una herramienta central de la política de desregulación impulsada por el Gobierno.

En ese sentido, sostuvo que durante años se acumularon regulaciones que otorgaban al Estado facultades para fijar precios, establecer cupos, exigir permisos e intervenir en acuerdos entre privados, y defendió las reformas implementadas por la actual administración para reducir esas restricciones.

“Quien defiende estas leyes defiende que el poder político tenga la última palabra sobre lo que deciden los privados”, afirmó Ravier, quien planteó que el debate pasa por definir si la Argentina debe mantener un esquema con mayores regulaciones estatales o avanzar hacia un modelo en el que, según su postura, “la regla sea producir, comerciar y competir en libertad”.