Adorni presentó ante la Justicia sus explicaciones sobre el patrimonio investigado

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia un escrito de 78 páginas para responder los 20 puntos planteados por el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. La defensa sostuvo que la evolución patrimonial del exfuncionario y su esposa, Bettina Angeletti, tiene una explicación respaldada por documentación y negó que exista un incremento de bienes que no pueda ser justificado.

Uno de los principales argumentos de la presentación está relacionado con los dólares en efectivo declarados por el matrimonio. Según explicó el abogado Matías Ledesma, esos fondos provienen de la liquidación de bitcoins realizada por Adorni entre 2017 y 2018, antes de su ingreso a la función pública.

La defensa afirmó que ocho billeteras de criptomonedas generaron USD 591.544,61 y que las claves privadas correspondientes fueron acreditadas mediante un acta notarial. De acuerdo con el escrito, esas direcciones registraron operaciones entre octubre de 2014 y septiembre de 2018 y actualmente no conservan saldo.

El abogado sostuvo que el dinero obtenido por la venta de los bitcoins fue incorporado posteriormente al patrimonio de Adorni bajo el concepto de “venta de activos”. Una parte, según la presentación, se mantuvo en efectivo y fuera del sistema bancario, tanto en el domicilio del exfuncionario como en el de su esposa. La defensa reconoció además que las operaciones de compra y venta de las criptomonedas se realizaron mediante encuentros personales y pagos en efectivo.

Otro de los puntos centrales de la presentación fue la compra del inmueble ubicado en el country Indio Cuá. Adorni explicó que el lote, adquirido por USD 120.000, fue financiado mediante un préstamo hipotecario de USD 100.000 y un pago de USD 20.000 en efectivo, que, según la defensa, estaba bajo custodia de Angeletti.

La defensa también cuestionó el monto de USD 245.000 que el contratista Matías Tabar había declarado como pago por las refacciones de la vivienda de Indio Cuá. Según Adorni, el desembolso real fue de USD 175.000 y salió de una cuenta bancaria a partir de ahorros previamente declarados.

El escrito también discute los registros aportados por el contratista y señala inconsistencias en las planillas de obra. Según la defensa, una de ellas consignaba una suma de USD 285.929, superior incluso al monto de USD 245.929 que Tabar había mencionado como costo total de los trabajos, además de incluir más de 15 ítems sin fecha de registro.

En paralelo, la presentación explica la evolución de los ahorros en efectivo declarados por el matrimonio. Según los datos aportados por la defensa, pasaron de USD 513.000 al cierre de 2023 a USD 388.961,52 a fines de 2024 y a USD 209.961,52 al terminar 2025. El argumento es que esos fondos fueron utilizados posteriormente para la compra y refacción de inmuebles.

En ese sentido, la defensa sostuvo que parte de los ahorros que el matrimonio había acumulado con anterioridad fueron destinados a la adquisición y mejora de la vivienda de Indio Cuá y a la compra de un departamento en Miró. También incluyó en la reconstrucción financiera el pago de USD 5.000 correspondiente al ingreso al country.

Otro aspecto abordado fueron las declaraciones juradas rectificativas presentadas en junio de 2026, mediante las cuales se incorporaron el inmueble y la deuda hipotecaria en partes iguales para ambos integrantes del matrimonio. Según la defensa, la modificación tuvo como objetivo reflejar correctamente la situación patrimonial de la sociedad conyugal y no respondió a un intento de ocultamiento.

La presentación fue realizada por Ledesma al filo del vencimiento de la prórroga otorgada por el juez federal Ariel Lijo, quien está a cargo de la causa. Adorni respondió así a los 20 puntos que Pollicita había planteado el 10 de agosto, luego de detectar inconsistencias que, según la fiscalía, alcanzaban aproximadamente $43 millones y más de USD 400.000.

En sus conclusiones, la defensa sostuvo que la diferencia patrimonial calculada por la fiscalía, de $43.068.549, constituye una brecha residual y no un enriquecimiento apreciable. Según el planteo, ese monto representa el 15,8% de los egresos reconstruidos y queda explicado mediante la documentación contable y técnica incorporada al expediente.

Además, la defensa planteó que, si eventualmente existieran cuestiones vinculadas con obligaciones tributarias, su análisis debería corresponder al fuero Penal Económico y no al federal.

Ahora será el fiscal Pollicita quien deberá evaluar las explicaciones y la documentación presentada por Adorni para determinar si considera que los interrogantes patrimoniales quedaron suficientemente aclarados o si corresponde avanzar con nuevas medidas de prueba dentro de la investigación.