Diputados dio media sanción al Super RIGI entre fuertes críticas de la oposición

Por Santotomealdía

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles y giró al Senado el proyecto de Super RIGI, un nuevo régimen de promoción destinado a atraer inversiones superiores a los USD 1.000 millones en industrias consideradas estratégicas o de "frontera". La iniciativa obtuvo 130 votos a favor y 106 en contra, en una sesión marcada por un intenso debate político y fuertes cuestionamientos de la oposición.

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional apunta a incentivar inversiones en sectores que actualmente tienen escaso desarrollo en el país, como inteligencia artificial, centros de datos (data centers), fabricación de baterías de litio, semiconductores, electromovilidad, minería avanzada, energías renovables y otras tecnologías de alto valor agregado.

Entre los principales beneficios previstos para las empresas que adhieran al régimen se incluyen una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, exenciones para importaciones y exportaciones, reducción de contribuciones patronales, libre disponibilidad progresiva de divisas y estabilidad tributaria, cambiaria y regulatoria durante 30 años.

Durante el tratamiento en comisión, el oficialismo incorporó algunas modificaciones acordadas con bloques aliados, entre ellas la obligación de presentar un plan de desarrollo de proveedores locales, con un compromiso mínimo del 20% de compras de bienes y servicios nacionales cuando exista oferta disponible, además de informes técnicos sobre el impacto ambiental y social de los proyectos.

La iniciativa fue respaldada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros bloques aliados, mientras que Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y otros espacios opositores votaron en contra.

Las principales críticas

Si bien gran parte de la oposición coincidió en la necesidad de generar condiciones para atraer inversiones, cuestionó que el proyecto otorga beneficios extraordinarios a grandes compañías sin establecer suficientes exigencias en materia de empleo, desarrollo tecnológico o agregado de valor en el país.

Uno de los puntos más discutidos fue la posibilidad de que las controversias entre las empresas adheridas y el Estado argentino puedan resolverse mediante tribunales arbitrales internacionales, una disposición que distintos legisladores consideraron una cesión de soberanía jurídica al desplazar la intervención de la Justicia argentina.

También se cuestionó que el régimen garantice beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años, al entender que esa estabilidad limita la capacidad de futuros gobiernos para modificar las condiciones del régimen o implementar nuevas regulaciones sobre esos proyectos.

Desde la oposición también advirtieron que varias de las inversiones contempladas por la iniciativa podrían concretarse aun sin un esquema de incentivos tan amplio, por lo que consideraron excesivos los beneficios previstos para empresas de gran porte.

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con el impacto fiscal del proyecto. Legisladores opositores sostuvieron que las exenciones impositivas implicarán una importante reducción de recursos para el Estado, mientras otros sectores productivos, como las pequeñas y medianas empresas, continúan tributando bajo el régimen general.

Además, durante el debate se expresaron reparos sobre las garantías ambientales previstas en la iniciativa y sobre la utilización de recursos estratégicos, al advertir que el proyecto no incorpora condicionamientos suficientes respecto del consumo de agua y energía ni obligaciones concretas de transferencia tecnológica.

El oficialismo, por su parte, defendió el proyecto al sostener que la Argentina necesita ofrecer seguridad jurídica y reglas estables para competir por inversiones con otros países, y afirmó que el nuevo régimen permitirá desarrollar industrias que hoy prácticamente no existen en el país.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el Super RIGI continuará ahora su tratamiento en el Senado de la Nación, donde volverá a debatirse uno de los proyectos económicos más relevantes impulsados por el Gobierno nacional en materia de promoción de inversiones.