Protesta policial en Rosario y Santa Fe: exigen mejoras salariales y la renuncia de la cúpula

Una nueva protesta policial se desató entre la noche del lunes y la madrugada de este martes frente a la Jefatura de Policía de Rosario, con quema de cubiertas, corte de calles y el sonido de sirenas de unos 50 patrulleros. La movilización, que comenzó con reclamos de familiares de policías, sumó luego la adhesión de efectivos en funciones, en el marco de una creciente tensión con la conducción de la fuerza y el Gobierno provincial.

La situación escaló cuando, según diversas fuentes, se produjo un intento de desalojo que generó momentos de fuerte tensión. Incluso se registraron enfrentamientos entre policías, cuando efectivos enviados a dispersar la protesta se cruzaron con sus propios compañeros. Si bien las autoridades aseguraron que el patrullaje en la ciudad no se vio afectado, desde distintos sectores se habla de un paro policial en curso.

Desde la Asociación Profesional Policial (Apropol) calificaron los hechos como una crisis institucional sin precedentes. Denunciaron que la represión fue ordenada por el Gobierno provincial y ejecutada por la cúpula policial, lo que motivó el cese de actividades de móviles en Rosario y la realización de asambleas frente a la sede de la Unidad Regional II.

En paralelo, familiares y policías se concentraron en la ciudad de Santa Fe frente a la Casa de Gobierno, trasladando el conflicto al corazón político de la provincia. Allí, exigieron el retiro inmediato del jefe de Policía, Luis Maldonado, y del titular de la Unidad Regional II, Guillermo Fabricio Solari. También responsabilizaron al gobernador Maximiliano Pullaro por haber autorizado el operativo que reprimió la protesta en Rosario.

Entre los principales reclamos figuran una recomposición salarial real, con un haber inicial no inferior al costo de la canasta básica, liquidaciones transparentes, una Tarjeta Alimentaria Policial sin distinción de jerarquía, y mejoras en salud mental, alojamiento y transporte para el personal.

El Gobierno de Santa Fe, por su parte, sostuvo que no hubo acuartelamiento y reafirmó la vigencia de un plan integral para mejorar las condiciones laborales de la fuerza. Desde la Casa Gris también confirmaron que se aplicarán sanciones a los efectivos que hayan abandonado el servicio durante las protestas, e informaron que algunos manifestantes tienen vínculos con personal desplazado e imputado.

El conflicto, que comenzó días atrás, se extendió también a otras localidades del interior provincial como Vera y Reconquista, donde también se registraron movilizaciones y manifestaciones de personal policial y allegados. Los sectores movilizados advierten que la situación podría agravarse si no hay respuestas urgentes.

En este contexto, se multiplican los llamados a una intervención política inmediata que permita descomprimir la tensión y garantizar la gobernabilidad dentro de la fuerza policial.