Comienza el debate en el Senado por la reforma laboral y la baja de imputabilidad

En el marco del período de sesiones extraordinarias, este martes se dará inicio a la constitución de las comisiones legislativas que abordarán dos de los proyectos más sensibles impulsados por el Gobierno nacional: la reforma laboral, bajo el nombre de Proyecto de Modernización Laboral, y la Ley Penal Juvenil, que propone la baja de la edad de imputabilidad a 13 años.

Según trascendió, el tratamiento de la reforma laboral, que había quedado pendiente el año pasado, comenzará este 11 de febrero en el Senado de la Nación. La iniciativa es impulsada por La Libertad Avanza (LLA), que busca avanzar en el debate mediante acuerdos con bloques “dialoguistas”, como el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, tras las negociaciones que encabezó el ministro del Interior, Diego Santilli, con distintos gobernadores.

El proyecto propone una revisión integral del régimen laboral vigente, con puntos clave como:

• Modificación de las indemnizaciones;

• Creación de un “Fondo de Cese Laboral” mediante convenios colectivos;

• Reducción de contribuciones patronales para fomentar la formalidad;

• Inclusión de la figura del “Colaborador Independiente”, sin relación laboral tradicional;

• Implementación de un “Banco de Horas” para compensar excesos sin abonar horas extras.

Desde el sindicalismo, las respuestas no se hicieron esperar. Los gremios expresaron su rechazo frontal al considerar que el proyecto no generará empleo genuino y que representa una regresión en derechos laborales adquiridos. Distintas organizaciones ya convocaron a movilizaciones frente al Congreso desde este martes.

El debate por la Ley Penal Juvenil

En paralelo, el Congreso también abordará el proyecto de Ley Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, bajo un régimen especial que contemple medidas socioeducativas y penas alternativas.

Entre sus principales lineamientos, se establece que:

• Los menores de 14 años o más que cometan delitos graves podrían recibir penas similares a las de adultos, con un tope de 15 o más años de condena.

• Se descarta la reclusión perpetua, y se fija un máximo de 20 años como pena para menores.

• Para delitos menores (penas de hasta 3 años, o hasta 10 años sin violencia), se prevén penas alternativas, como libertad asistida o tareas comunitarias.

Desde el oficialismo afirman que el objetivo es poner fin a la “puerta giratoria” y responder a una demanda social ante los casos de delitos cometidos por menores que, bajo la ley vigente (22.278), quedan impunes por edad.

Ambas iniciativas comenzarán su recorrido parlamentario esta semana, en un clima de fuerte debate político y social, con posturas contrapuestas tanto dentro como fuera del Congreso.