Nacionales — 03.03.2025 —
Las universidades públicas convocan a un paro de 48 horas por la crisis salarial y presupuestaria
Los gremios universitarios anunciaron un paro de 48 horas para el 17 y 18 de marzo en protesta por los bajos aumentos salariales y el desfinanciamiento de las universidades nacionales. Denuncian que el Gobierno desconoce la instancia paritaria y advierten sobre el impacto de la prórroga del presupuesto en el funcionamiento académico.
El Frente Sindical de Universidades Nacionales confirmó una medida de fuerza para el 17 y 18 de marzo, coincidiendo con la fecha de inicio de clases en la mayoría de las universidades del país. La decisión responde al rechazo de los aumentos del 1,5% en enero y 1,2% en febrero, impuestos por la Subsecretaría de Políticas Universitarias sin acuerdo paritario.
Los sindicatos que integran el frente –CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN– denunciaron que la gestión del presidente Javier Milei ha generado un fuerte deterioro en la educación superior pública. Advierten que el congelamiento presupuestario pone en riesgo el funcionamiento de las universidades, el sostenimiento de becas estudiantiles y los proyectos de investigación.
"Las universidades quedan otro año más sin un horizonte presupuestario claro, lo que afecta gravemente el desarrollo académico y la continuidad de las actividades esenciales", señalaron en un comunicado.
Además del paro de marzo, los sindicatos anunciaron su adhesión al Paro Internacional Feminista del 8 de marzo, llamando a la movilización en todo el país contra "el hambre, el saqueo y la crueldad".
En 2024, el frente sindical lideró masivas manifestaciones en defensa de la universidad pública, como la Marcha Universitaria Federal de abril y septiembre. Como resultado, se logró la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, aunque luego fue vetada por el presidente Milei con el respaldo de sus aliados legislativos.
La medida de fuerza se suma a un escenario de creciente conflictividad en el sector educativo, con incertidumbre sobre los fondos para el sostenimiento de las casas de estudio y un fuerte deterioro en los salarios docentes y no docentes.