"Las prestaciones para personas con discapacidad están garantizadas"

Desde el jueves 6 hasta el sábado 8 de junio se desarrolla en la Provincia de Buenos Aires (Argentina) la segunda Cumbre Global de Discapacidad, donde representantes de 24 países colocan en agenda la importancia de que los Estados concreten políticas públicas para asistir a un colectivo social históricamente postergado. Además de los gobiernos, participa el sector privado, agrupaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.

Sin embargo, mientras la nación anfitriona recibe a las delegaciones en el predio de Tecnópolis, muchos familiares de discapacitados denuncian que a nivel local el sector enfrenta una grave situación de recorte presupuestario. De hecho, afirman que hay faltantes en la entrega de medicamentos y que otros servicios de vital importancia para las personas asistidas, como el transporte, están suspendidos, entre otras quejas. ¿Qué está pasando? 

La vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti —quien utiliza una silla de ruedas para poder trasladarse—, es una de las grandes protagonistas del encuentro multilateral, cuya primera edición se desarrolló el año pasado en Londres (Reino Unido). Acerca de las falencias en las atenciones que el Estado sudamericano debería garantizarles a estos individuos vulnerables, RT le preguntó si la situación de ajuste es real: "Con respecto al reclamo, me parece importante llevar tranquilidad y decir que las prestaciones de servicios para personas con discapacidad están garantizadas", contesta.

A su vez, sostiene que "desde la Agencia Nacional de Discapacidad (AND) se está trabajando para resolver la problemática que vienen teniendo algunos prestadores, principalmente de índole presupuestaria". Y afirma: "Ya se han realizado las gestiones para terminar la deuda acumulada, que es muy inferior a la histórica, y que se cancelará en el transcurso de este mes".  

"Nos sentimos abandonadas, que el Gobierno escuche"

Por el lado de las familias que luchan para que sus seres queridos tengan una vida digna, el sentimiento es de absoluta soledad. Graciela Magliacano, madre de un joven discapacitado, ya tiene artrosis generalizada en la espalda por el exceso de esfuerzo que realiza todos los días para movilizar a su hijo Iván, de 23 años, quien nació de modo prematuro y tiene parálisis cerebral. Bañarlo, vestirlo y trasladarlo parece demasiado para una mamá soltera: el chico mide 1,74 metros y pesa 60 kilos. ¿Y el papá? Ella dice que escapó de la situación, al igual que en otros casos consultados por este medio: "Ni siquiera aporta dinero, es un padre ausente". Graciela se quedó sin empleo en relación de dependencia y hoy trabaja arreglando ropa desde la casa. Su hijo no puede quedarse solo. 

La edad madurativa de Iván es bastante menor a la que realmente tiene, pero logra establecer conversaciones. A pesar de que no puede caminar, su próxima meta es dejar los pañales, y Graciela es optimista en que finalmente lo consiga. Sin embargo, necesita ayuda y asistencia estatal para poder salir adelante, y eso significa plata. Mucha plata. Hoy en día, la familia recibe una pensión de 7.000 pesos (156 dólares), que no les alcanza. Se trata de un ingreso extra además de la cobertura sanitaria. El joven requiere medicamentos, tratamientos especiales y poder trasladarse, entre otras costosas atenciones. Y aunque la madre dice que la situación con este Gobierno empeoró bastante, comenta que el sistema de asistencia durante el mandato kirchnerista también fue deficiente y no lograba cubrir todas sus necesidades.

Así, varias familias hoy viven una situación crítica. El servicio de transporte especializado, a cargo del Programa Federal Incluir Salud (PFIS), está suspendido desde enero y no se sabe hasta cuándo. Muchos discapacitados no pueden llegar a la escuela, hospitales u otros centros de atención, con todas las complicaciones que esto conlleva. Las agrupaciones involucradas calculan que hay por lo menos 20.000 perjudicados. El presidente de la Asociación de Transportistas y Amigos de Educación de Capacidades Distintas, Javier Pérez, nos confirma que se trata de una medida gremial.

Entiende que es una situación tensa y dramática para muchos familiares, pero explica que no tuvieron opción: el 1 de enero entró en vigencia una normativa donde las prestaciones del PFIS (traslados, medicamentos, pañales, entre otras) comenzaron a ser administradas por las provincias y no el Estado nacional, que está reduciendo gastos. De esta forma, Presidencia pasa de cubrir el 100 % del dinero a la mitad, y la otra parte es aportada por los gobiernos de cada distrito, o mejor dicho, los ciudadanos con sus impuestos. En este caso, los presupuestos provinciales planteados para dar el servicio están desactualizados y no pueden cubrir los costos del transporte, ya que Argentina tiene elevados índices de inflación. "Es un recorte encubierto", opina Pérez.

La asociación presentó el caso en la Justicia y todavía se espera una resolución. En tanto, desde el Ejecutivo se comunicó el 31 de mayo en el boletín oficial que los valores pagados a estas empresas tercerizadas debían subir un 14 %, "una cifra insuficiente e irrisoria", califica el entrevistado. Mientras, el conflicto continúa, aunque con arduas negociaciones tal vez se logre impulsar un presupuesto de emergencia para que los discapacitados puedan llegar a sus respectivos destinos. Otra posible solución es que el Estado lance su propio sistema de transporte para discapacitados, aunque todavía no hay confirmaciones sobre ello.

Con este contexto, madres como Graciela se las tienen que ingeniar. Ella tuvo suerte, porque un amigo le cubre los gastos de un servicio privado de traslado que debieron contratar: son 9.600 pesos (214 dólares) mensuales, aunque en otros casos donde las distancias son mayores "hay mamás que deben pagar 15.000 o 20.000 pesos" (334 y 446 dólares, respectivamente). El salario mínimo argentino es de 12.500 pesos, y por la devaluación de la moneda local, equivale a tan solo 279 dólares. Difícil.

Otras madres no cuentan con esa posiblidad y tienen que maniobrar como pueden en el transporte público. Lourdes Maidana tiene tres hijos, los dos varones padecen distrofia muscular de Duchenne, un trastorno genético hereditario que no tiene cura y complica la movilidad de Juan (11) y José (14). Se trata de otra madre con problemas de cintura por subir al colectivo (autobús) a sus chicos, quienes por culpa de los corticoides que toman tienen sobrepeso. Es que los niños deben ir a sus sesiones de kinesiología, hidroterapia y psicología.

"Antes tenía un servicio de remises [autos a pedido] que lo cubría la obra social [a cargo del Estado], pero con este Gobierno me lo sacaron", se queja. No obstante, Lourdes tiene experiencia. Cada derecho obtenido, como el acceso a los medicamentos sin reparos, fue logrado por llevar sus reclamos a la Justicia, aunque nadar siempre contra la corriente es cansador. "Me siento reabandonada, si no te quejás o presentás amparos, no te hacen caso", describe. Y pide: "Que el Gobierno nos escuche y ponga todo esto como estaba".

Según su relato, ahora crecieron mucho las trabas burocráticas para acceder a los remedios. De hecho, vive en Lanús (Provincia de Buenos Aires) y debe llevar las recetas a la ciudad de La Plata, perdiendo muchas horas. A veces va en vano, porque hay faltantes. "Psicológicamente estoy mal, algunos días ni tengo ganas de levantarme de la cama y luchar, pero mis hijos me tienen a mí sola", explica. 

Pensiones anuladas y certificados de discapacidad paralizados

Según estimó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en 2018, el 10,2 % de la población argentina de 6 años o más, equivalente a 3,5 millones de personas, tiene algún tipo de dificultad. El estudio se basa en poblaciones de por lo menos 5.000 habitantes. En la nación hay más mujeres que varones: 51,5 % y 48,5 %, respectivamente. Si solo hablamos de la población con alguna discapacidad, la diferencia entre ellas y ellos aumenta todavía más: 54,5 % y 45,5 %.

Sobre el total de este sector social, se destaca que la gran mayoría no posee su Certificado Único de Discapacidad, que le garantiza —o así debería ser— el acceso a ciertos beneficios, como la cobertura de su respectivo tratamiento médico, el uso gratuito del transporte público, la recepción de asignaciones familiares y exenciones impositivas. 

La jefa del Área de Grupos Vulnerables de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Alejandra García Martínez, afirma que se registra "un aumento de denuncias ligadas al quite de pensiones, tramitación de credenciales y al acceso de coberturas". Asimismo, "en muchos casos se verificó que las personas con discapacidad, o sus familiares, no tienen acceso a información adecuada".

Durante el macrismo se cambió la lógica para otorgar las asignaciones. De hecho, bajo este Gobierno la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció límites en la obtención de pensiones familiares: ahora, si un miembro del grupo familiar percibe más de 53.829 pesos brutos (1.200 dólares) no se puede acceder al beneficio, incluso si el resto de los integrantes de la familia no trabaja. Asimismo, el tope familiar completo es de 107.658 pesos (2.400 dólares). Por ello, muchos dejaron de recibir este aporte estatal.

En sintonía, García Martínez relata que recientemente varios discapacitados fueron intimados a actualizar su condición médica de invalidez laboral con un plazo de 60 días, y si se supera el tope, el Gobierno puede "proceder a la suspensión del pago de la pensión". La implementación del Certificado Médico Oficial Digital requiere que los pacientes vayan a los centros de salud para que los expertos notifiquen su condición física, pero allí "no cuentan con las instrucciones, la capacitación o instrumentos necesarios para realizar digitalmente dichos certificados", detalla. En algunos casos, los hospitales ni están informados sobre la medida. Y los días corren.