El Gobierno "liquidó" la Paritaria Nacional Docente

Mediante la sanción del Decreto 52/18 que apareció hoy publicado en el Boletín Oficial, se desarticuló la Paritaria Nacional Docente, gestada al amparo del Decreto 452/07, reglamentario de la Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075.

Las reformas introducidas por el Gobierno Nacional desestructuran cuestiones esenciales de una paritaria, como la participación del Ministerio de Trabajo, y pretende impedir la negociación salarial que dispone la Ley 26075, desarticulando la representación gremial.

Como un caso exclusivo en la legislación del Trabajo, establece que la Autoridad de Aplicación de la Negociación docente será el propio Ministerio de Educación, excluyendo al Ministerio de Trabajo que es la autoridad natural y lógica, cuestión ésta que no reconoce parangón en el mundo laboral.

Establece una mesa para la negociación del sector educativo estatal, en el que participan por la patronal el mismo Ministerio de Educación y el Consejo Federal de Cultura y Educación, que integran los Ministros provinciales, y por la representación gremial los 4 gremios que representan a los docentes estatales, en número igualitario.

Dispone asimismo de otra mesa de negociación para el sector educativo privado, que tendrá como objeto adecuar, recepcionar y ejecutar el Acuerdo Marco logrado en la mesa de los estatales, y en el que tendrá intervención y participación el Ministerio de Educación, junto a los empleadores del sector y la representación sindical de los docentes de establecimientos educativos privados. Esta conformación tripartita, obviamente, no sigue los esquemas paritarios ya que tampoco participa el Ministerio de Trabajo y sí se introduce como parte el Ministerio de Educación, lo cual distorsiona la paridad de toda negociación paritaria.

En síntesis deja a todos los trabajadores de la educación sin un instrumento valiosísimo, como es la Paritaria Nacional, que representa simbólicamente un derecho esencial de los trabajadores, sustituyéndolo por una mesa de discusión sin andamiaje legal y sin la cobertura de la legislación laboral internacional.

A los docentes privados, representados exclusivamente por el SADOP, además de quitarle la posibilidad de acordar el salario mínimo docente para todo el país y de participar en el Acuerdo Marco que establece el art. 10 de la Ley 26075, los constriñe a discutir sus condiciones de trabajo en una mesa tripartita, en situación minoritaria, que nada tiene que ver con el derecho y el reclamo de los docentes de acordar en Paritarias mejores condiciones de trabajo.

Desde el gremio indicaron: "Intentaremos revertir esta situación junto a todos los demás sindicatos docentes con representación nacional, pero no dejaremos instancia u oportunidad, para hacer valer nuestros derechos y, eventualmente, para buscar la anulación de este decreto por su obvia insconstitucionalidad y arbitrariedad".

Por su parte, Patricia M. Mounier, Secretaria General SADOP Santa Fe remarcó: "Este nuevo embate del Gobierno contra los trabajadores y trabajadoras de la educación se traduce más desigualdad entre los docentes y menos derechos que garanticen la dignidad de nuestro trabajo y nuestro salario".