En un clima de tensión, el Gobierno busca lograr la reforma previsional

El Gobierno, con el apoyo de varios gobernadores peronistas, y la oposición, motorizada por el kirchnerismo y la izquierda, volverán a pujar hoy en la Cámara de Diputados por la controvertida reforma previsional que impulsa el presidente Mauricio Macri y que modifica la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios y de las asignaciones sociales.

La sesión de la Cámara baja está convocada para las 14, en un escenario que amenaza con replicar el caos político registrado el jueves último, tanto en las afueras como en el interior del Palacio Legislativo.

Por lo pronto, la CGT convocó a un paro de 24 horas con movilización a partir del mediodía y promete paralizar la ciudad, en particular el transporte. La medida es compartida por las dos CTA, centrales sindicales con una postura más crítica del gobierno nacional.

Además, organizaciones piqueteras anunciaron protestas en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. A ellos se sumarán los partidos de izquierda, que volverán a movilizarse al Congreso.

En anticipación de este escenario, los alrededores del Congreso volverán a convertirse en una zona de conflicto latente con un fuerte operativo de seguridad. En esta ocasión, y tras las críticas a la represión de la Gendarmería lanzadas desde la oposición y de algunas voces oficialistas, como la diputada Elisa Carrió, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cederá el control a la Policía de la Ciudad, que tendrá la misión de garantizar el funcionamiento de la Cámara de Diputados.

Otra gran duda será saber si se repetirá el caos que los diputados del kirchnerismo, el massismo y el trotskismo trasladaron al recinto.

Sobre todo porque en el oficialismo aseguran que, como ocurrió la semana pasada, tendrán el quorum que permitirá habilitar la sesión y abrir el debate del proyecto, que ya fue aprobado por el Senado hace dos semanas.

Según los cálculos de Cambiemos, entre 140 y 150 diputados estarían dispuestos esta tarde a sentarse a discutir la controvertida iniciativa.

Si se cumple este pronóstico, será en parte por la fuerte presión que la Casa Rosada les trasladó a los gobernadores, sobre todo a los peronistas, para que cumplan con el pacto fiscal que firmaron a principios de noviembre. En ese acuerdo se estableció que, como parte de un ajuste de gastos y compensaciones de fondos entre la Nación y las provincias, se modificaría la fórmula de actualización de las jubilaciones.

Además, está la promesa realizada por Carrió en pleno recinto la semana pasada de que el Gobierno otorgará un bono para compensar el denominado "empalme" entre la fórmula actual y la propuesta en el proyecto. Para la oposición, el cambio perjudica a los jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales, que tendrán un aumento inferior al que recibirían si se mantuviera la ecuación vigente.

La actual fórmula se basa en la recaudación impositiva que se destina a financiar la Anses y se aplica dos veces al año. La nueva, modificada en el Senado, es trimestral y está compuesta en una proporción de 70/30 por la inflación y el índice que mide los sueldos promedio de los trabajadores en relación de dependencia.

Sin embargo, ese esquema deja un período, los últimos tres meses de este año, fuera del cálculo de la eventual próxima actualización de marzo. En respuesta a esta brecha es que el Gobierno decidió ofrecer un bono compensatorio.