Crisis en Paraguay: renunció el presidente Peña, acorralado por un escándalo bancario

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su renuncia en medio de una profunda crisis política y financiera, desatada por la intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades bancarias del país. La decisión se conoció antes de que el Congreso avanzara con el tratamiento de un pedido de juicio político en su contra, impulsado por legisladores opositores y disidentes del oficialismo.

Peña comunicó su decisión a través de un mensaje difundido en su cuenta de la red social X. Allí sostuvo que su salida buscaba preservar "la estabilidad" del país, la paz social y las instituciones democráticas. También pidió disculpas a la ciudadanía si en algún momento había defraudado la confianza depositada en su gestión.

"Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero", expresó el mandatario, quien además reclamó que se garantice la devolución de los depósitos y la protección de los fondos públicos comprometidos.

La renuncia se produjo luego de que un grupo de diputados presentara una acusación contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, por supuesto mal desempeño de sus funciones. El pedido contaba con 35 firmas y buscaba convocar a una sesión extraordinaria para avanzar con el proceso de destitución.

El escenario político se complicó aún más cuando Horacio Cartes, expresidente paraguayo y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el Partido Colorado, anunció que respaldaría el juicio político. Cartes había sido uno de los principales impulsores de la candidatura de Peña en las elecciones de 2023 y mantiene una fuerte influencia sobre la estructura partidaria.

También el presidente del Senado, Basilio Núñez, reclamó públicamente la renuncia del mandatario y advirtió que el Congreso debía intervenir para proteger los fondos de los ahorristas y los jubilados.

La crisis bancaria y las sospechas sobre el entorno de Peña

El conflicto se desató luego de que el Banco Central del Paraguay ordenara la intervención de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. La entidad contaba con cerca de 2,9 millones de clientes, en un país de aproximadamente 6,1 millones de habitantes.

La medida generó incertidumbre entre los ahorristas, que se encontraron con dificultades para acceder a sus depósitos. En Asunción se registraron largas filas frente a las sucursales y protestas durante la noche.

La situación adquirió mayor gravedad por la exposición de organismos públicos al banco. Entre los fondos depositados se encontraban alrededor de 850 millones de dólares pertenecientes al Estado, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), que mantenía inversiones en la entidad. Además, el banco gestionaba el pago de jubilaciones de unos 32.000 beneficiarios.

En respuesta a la crisis, el Congreso aprobó una ley de emergencia que Peña promulgó antes de anunciar su salida. La norma estableció un mecanismo de adelanto del Fondo de Garantía de Depósitos para que los clientes puedan recuperar parte de sus ahorros. El esquema contempla pagos de hasta 40 salarios mínimos mensuales por depositante, equivalentes a unos 19.800 dólares, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la entrada en vigencia de la ley.

A la crisis financiera se sumaron cuestionamientos por los vínculos entre el grupo económico que controlaba Ueno y el entorno del presidente. Una investigación periodística señaló que Ueno Holding, empresa vinculada al banco, habría pagado unos 30.000 millones de guaraníes a una firma en la que Peña figuraba como accionista.

También se puso bajo la lupa la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central en septiembre de 2023, ya que antes de asumir había sido directivo de la Financiera Ueno, antecedente del banco intervenido. Carvallo presentó su renuncia y Peña designó en su reemplazo al economista y exministro Raúl Vera Bogado, cuyo nombramiento deberá ser ratificado por el Senado.

En paralelo, la Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras relacionadas con préstamos y sobregiros otorgados entre 2025 y 2026 a empresas del mismo grupo económico. Según la investigación, esas operaciones se habrían realizado bajo condiciones que no respetaban los parámetros habituales de evaluación de riesgo crediticio.

Entre los investigados se encuentra Miguel Vásquez, principal accionista y uno de los fundadores de la entidad. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para él y arresto domiciliario para otros directivos.

La salida de Peña se produjo así en medio de una crisis que combinó la incertidumbre de miles de ahorristas, sospechas sobre operaciones financieras y una fractura dentro del propio Partido Colorado, que hasta entonces sostenía al Gobierno.