El Gobierno lanzó un plan de retiro voluntario y apunta a reducir la planta estatal

El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada, a través del Decreto 1203/2026 publicado en el Boletín Oficial. La inscripción estará abierta entre el 1 y el 30 de noviembre de 2026, con la posibilidad de una única prórroga de hasta 30 días.

Según informó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, unos 20.000 trabajadores están en condiciones de acceder al programa. La medida establece diferentes modalidades de compensación de acuerdo con la edad, los años de aportes y la antigüedad de cada empleado.

Uno de los puntos centrales del régimen es la denominada cláusula contra la "puerta giratoria": quienes adhieran al retiro voluntario y finalicen su vínculo laboral no podrán volver a ser contratados por el Sector Público Nacional durante ocho años. Además, la adhesión implica el cese de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario correspondiente.

El programa está destinado a trabajadores de planta permanente o con contratos por tiempo indeterminado, alcanzados por la Ley 25.164 o por la Ley de Contrato de Trabajo. En cambio, quedan excluidos los contratados transitorios y quienes tengan vínculos bajo el artículo 9 de la Ley Marco.

La medida alcanza a las jurisdicciones de la Administración Pública Nacional centralizada contempladas en el inciso a) del artículo 8 de la Ley 24.156. Por ese motivo, no incluye a organismos descentralizados como ANSES, que cuenta con un régimen jurídico propio. También quedan afuera las Fuerzas Armadas y de seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior y otros sectores específicos.

Cómo funcionarán las compensaciones

El decreto establece tres grupos de beneficiarios, con distintos esquemas de compensación.

El Grupo 1 comprende a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no cuenten con los aportes necesarios para jubilarse. Podrán optar entre recibir una gratificación única o cobrar el 60% del salario bruto mensual durante un período de hasta 36 meses.

El Grupo 2 incluye a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 que tengan al menos 30 años de aportes. En estos casos, la compensación será equivalente a un salario por cada año de antigüedad, con los topes establecidos por el decreto, más cinco remuneraciones adicionales.

Por último, el Grupo 3 alcanza a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. La compensación será de un salario por cada año de antigüedad, con un máximo de 20 remuneraciones, más un adicional de cuatro o cinco salarios según la antigüedad sea inferior a 15 años o igual o superior a ese período.

Para acceder al régimen, los empleados tampoco deberán tener procesos penales o sumarios administrativos graves pendientes. La restricción alcanza a quienes estén procesados por delitos contra la administración pública y a agentes sometidos a sumarios que puedan derivar en cesantía, exoneración o perjuicio fiscal.

Además, quienes tengan reclamos laborales o demandas contra el Estado relacionados con su vínculo de trabajo deberán desistir formalmente de esas acciones para poder adherir al programa.

Tampoco podrán incorporarse quienes se encuentren en situación de disponibilidad, tengan una renuncia pendiente de aceptación o estén atravesando el cuarto año de una licencia por afecciones o lesiones de largo tratamiento.

Una vez presentada la solicitud, las autoridades de cada jurisdicción podrán rechazarla si consideran que la baja afecta la prestación de los servicios. Tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para tomar una decisión y, si no existe una aceptación expresa dentro de ese plazo, el pedido será considerado rechazado.

El nuevo régimen se suma a otros programas de retiro implementados por organismos públicos. En septiembre, por ejemplo, ANSES había cerrado la segunda etapa de su Plan de Retiros de Voluntad Recíproca, destinado a trabajadores de planta permanente ingresados antes del 1 de enero de 2024, con compensaciones de hasta 19 haberes brutos y una prohibición de reingreso al Sector Público Nacional durante cinco años.