El Gobierno apeló el fallo que ordenó cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y prolonga la disputa judicial

El Gobierno nacional apeló el fallo judicial que declaró inconstitucional el decreto que frenaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó cumplir con la normativa. Con esta presentación, busca revertir la decisión y prolonga la disputa judicial en torno a la implementación de los fondos destinados a las universidades públicas.

El recurso fue presentado por el Ministerio de Capital Humano contra la sentencia del juez Martín Cormick, quien había dejado sin efecto el Decreto 759/2025. En su apelación, la cartera que conduce Sandra Pettovello sostuvo que la resolución genera un “gravamen irreparable” y planteó que contiene “agravios concretos y de significativa gravedad institucional”.

Entre los principales argumentos, el Gobierno cuestionó que la sentencia ordene ejecutar la ley, según afirmó, a partir de una “interpretación arbitraria y fragmentaria” del régimen presupuestario y sin responder adecuadamente a las objeciones planteadas por el Estado.

Además, advirtió que el cumplimiento de la normativa tendría un impacto presupuestario de gran magnitud y comprometería el equilibrio de las cuentas públicas. En ese sentido, señaló que la ley no identifica una fuente de financiamiento específica y suficiente para cubrir los gastos que demanda su aplicación.

El Ministerio de Capital Humano también cuestionó la utilización de un amparo colectivo como vía judicial para resolver el planteo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según la posición oficial, la controversia requiere analizar cuestiones vinculadas con los montos, las fuentes de financiamiento y el alcance de las normas presupuestarias.

En relación con los recursos necesarios, el Ejecutivo sostuvo que la Ley de Financiamiento Universitario debe interpretarse en conjunto con otras normas de administración financiera y con la Ley de Presupuesto vigente. Según argumentó, si los mayores gastos deben cubrirse mediante reasignaciones de partidas, eso implicaría reducir fondos previstos para otras áreas del Estado.

En ese marco, el Gobierno afirmó que la aplicación de la ley exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado nacional. También advirtió que confirmar la sentencia afectaría la división de poderes, al considerar que se estaría ordenando al Ejecutivo ejecutar gastos sin resolver previamente su compatibilidad con el régimen legal de administración financiera.

Con la apelación, el Gobierno busca que se revoque la sentencia que declaró parcialmente inconstitucional el Decreto 759/2025. La presentación se produce en medio de los reclamos de las universidades públicas para que se asignen las partidas previstas en la ley y se avance en las negociaciones salariales de docentes y trabajadores no docentes.

La apelación mantiene abierta la controversia judicial sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el sector universitario reclama que se efectivicen los recursos establecidos por la normativa.