Internacionales — 03.09.2026 —
Nicaragua: la Asamblea prohibió a opositores participar en elecciones y extendió el mandato presidencial a siete años
El Parlamento, controlado por el oficialismo, aprobó una reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega que profundiza el control político del régimen.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó una nueva reforma constitucional impulsada por el presidente Daniel Ortega que endurece las condiciones para participar en elecciones y extiende de seis a siete años el mandato presidencial.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad durante una sesión especial realizada frente a la catedral de León, a unos 90 kilómetros de Managua. El proyecto había sido anunciado por Ortega el pasado 19 de julio, durante los actos por un nuevo aniversario de la revolución sandinista.
Uno de los puntos más cuestionados de la reforma es la incorporación de restricciones que impiden competir en elecciones a quienes sean considerados responsables de un “golpe de Estado”, hayan sido declarados “traidores a la patria” o hayan solicitado “intervención militar” o “bloqueos económicos” contra Nicaragua.
La modificación también rechaza la aplicación de leyes extraterritoriales, sanciones o medidas de presión adoptadas por otros Estados u organismos internacionales, en una clara respuesta a las medidas impulsadas en los últimos años contra el gobierno nicaragüense.
Ortega y Murillo consolidan su poder
Daniel Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua junto a su esposa, Rosario Murillo, de 75, quien ocupa el cargo de copresidenta. Ambos mantienen un fuerte control sobre las instituciones y la vida política del país desde el regreso de Ortega al poder en 2007.
La situación se profundizó después de las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos según Naciones Unidas. El gobierno acusó entonces a los manifestantes de intentar llevar adelante un golpe de Estado con respaldo de Estados Unidos y respondió con una fuerte represión.
Miles de nicaragüenses, entre ellos dirigentes opositores, intelectuales y religiosos, terminaron exiliados y despojados de su nacionalidad bajo acusaciones de “traición a la patria”. De esta manera, la oposición quedó prácticamente anulada dentro del país.
Desde el exilio, distintos referentes opositores denunciaron que la nueva reforma busca garantizar la continuidad del poder de la familia Ortega-Murillo, especialmente frente a los problemas de salud que atraviesa el mandatario.
La reforma también modifica el calendario político del país. Las elecciones que estaban previstas para este año fueron postergadas hasta noviembre de 2027, mientras que la nueva extensión del período presidencial llevará el mandato de seis a siete años.
Rechazo internacional
La iniciativa generó un fuerte rechazo fuera de Nicaragua. A pedido de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una reunión urgente de cancilleres para analizar posibles medidas contra el gobierno de Managua, aunque todavía no se estableció una fecha para el encuentro.
El secretario general de la organización, Albert Ramdin, pidió a los ministros que adopten decisiones destinadas a “castigar” y “ejercer más presión sobre Nicaragua”. Sin embargo, la propia reforma constitucional aprobada por el Parlamento rechaza cualquier forma de injerencia o sanción internacional.
El nuevo texto deberá ser ratificado en una segunda legislatura a partir de 2027, un trámite que se considera prácticamente asegurado debido al amplio control que el oficialismo mantiene sobre la Asamblea Nacional.
Ortega, antiguo dirigente guerrillero sandinista, gobernó durante la década de 1980 y volvió a la presidencia en 2007. Desde entonces fue reelegido en tres oportunidades, en procesos electorales cuestionados internacionalmente. En los comicios de 2021, varios de sus principales adversarios fueron encarcelados y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se impuso sin una competencia opositora efectiva.
La nueva reforma se suma a otra modificación constitucional aprobada en 2024, que había ampliado el período presidencial de cinco a seis años y creado la figura de copresidenta para Murillo.
La oposición prepara un plan desde el exilio
A pesar de las presiones internacionales, Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Nicaragua, mientras el país también mantiene acceso a créditos de organismos financieros internacionales y del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los sectores opositores en el exilio reclaman mayores sanciones económicas como mecanismo para presionar al gobierno de Ortega y Murillo. Al mismo tiempo, una docena de organizaciones opositoras acordó recientemente un plan de transición política que contempla la liberación de presos políticos y una renovación de las instituciones que actualmente se encuentran bajo control del oficialismo.
