Radares en rutas nacionales: aseguran que 107 funcionan sin autorización en Santa Fe

La concejal de la ciudad de Santa Fe por La Libertad Avanza, Ana Cantiani, denunció que en la provincia de Santa Fe existen 107 radares instalados sobre rutas nacionales sin autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y reclamó que se suspenda preventivamente el cobro de las multas labradas por esos dispositivos hasta que la Justicia determine su validez.

Durante una entrevista con Nova al Día, la edil sostuvo que la situación genera incertidumbre entre los conductores, ya que, según afirmó, los radares continúan emitiendo infracciones pese a que, de acuerdo con la documentación oficial que presentó, no cuentan con la habilitación exigida por la normativa nacional.

Cantiani explicó que la información surge de documentación entregada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y por la representación regional de Vialidad Nacional en Santa Fe. Según indicó, la respuesta del organismo nacional establece que los radares instalados en rutas nacionales sin autorización deben ser intimados para su retiro y que las multas emitidas en esas condiciones resultarían inválidas.

"En Santa Fe tenemos 107 radares no autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial que están instalados en rutas nacionales y están generando multas", sostuvo la concejal. Además, señaló que la diferencia con el resto del país es significativa. "La provincia que sigue a Santa Fe es Buenos Aires, con 15 radares", afirmó.

La legisladora explicó que, para autorizar un radar sobre una ruta nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial exige la presentación de un plan integral de seguridad vial, antecedentes de siniestralidad, la homologación correspondiente y otros requisitos técnicos. Según manifestó, esos procedimientos no habrían sido cumplidos en los casos cuestionados.

En ese contexto, Cantiani remarcó que no recomienda a los conductores dejar de pagar las multas, ya que la situación aún no fue resuelta judicialmente y podría generar inconvenientes administrativos, como dificultades para renovar la licencia de conducir.

"Mi función es informar lo que está pasando. Nación dice que esos radares no están autorizados, pero la Provincia sigue cobrando las multas. El vecino queda en un gris legal", expresó.

La concejal también cuestionó el funcionamiento del radar ubicado sobre la Ruta Nacional 168, uno de los casos que motivó su presentación. En ese sentido, recordó que durante un período el dispositivo tampoco contaba con la homologación del INTI y que, posteriormente, debieron devolverse multas que habían sido cobradas de manera incorrecta.

Ante este escenario, informó que presentó una actuación ante la Defensoría del Pueblo para que represente de manera colectiva a los vecinos alcanzados por estas infracciones y promueva las acciones judiciales necesarias. Además, solicitó que se requiera la suspensión preventiva del cobro de las multas hasta que exista una resolución definitiva sobre la legalidad de los radares cuestionados.

Finalmente, Cantiani sostuvo que la intervención de la Defensoría permitiría evitar que cada conductor deba afrontar individualmente reclamos administrativos o judiciales. "Hay vecinos que no fueron notificados, otros que se enteraron mucho tiempo después y otros que ya tienen la multa firme. La idea es buscar una solución que alcance a todos", concluyó.