Cuestionan el manejo de una caja de $1.135 millones administrada por Karina Milei

La Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, más que duplicó en un año el monto de su Fondo Rotatorio, que pasó de $471 millones a $1.135 millones. La información surge de una investigación publicada por la Agencia Noticias Argentinas, basada en documentación oficial obtenida a través de pedidos de acceso a la información pública.

Según ese trabajo periodístico, la documentación también permitió conocer la existencia de tarjetas corporativas asociadas a distintos funcionarios del Gobierno nacional. Sin embargo, aunque Presidencia reconoció la existencia de esos instrumentos y de una estructura administrativa destinada a gestionar gastos operativos, no difundió el detalle de los consumos, los comercios donde se realizaron las operaciones ni la documentación respaldatoria solicitada.

De acuerdo con la Resolución 35/2026, firmada por Karina Milei, el Fondo Rotatorio de la Secretaría General fue fijado en $1.135.112.226,90, lo que representa un incremento de aproximadamente 141% respecto del año anterior.

La normativa también habilitó gastos individuales de hasta $50 millones por operación, con excepciones para servicios básicos, viajes presidenciales y débitos por embargos.

Las tarjetas informadas por Presidencia

La documentación oficial citada por Noticias Argentinas indicó que existen 140 tarjetas recargables vigentes, tres tarjetas corporativas de crédito y 62 usuarios activos dentro de la plataforma administrativa utilizada para gestionar esos recursos.

Entre los nombres que figuran en la nómina aparecen la propia Karina Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y Eduardo “Lule” Menem, además de otros funcionarios vinculados a distintas áreas de la estructura presidencial.

También figura Santiago Oría, director de Realización Audiovisual y uno de los colaboradores más cercanos al esquema de comunicación del presidente Javier Milei.

Lo que se informó y lo que no

De acuerdo con la investigación difundida por la Agencia Noticias Argentinas, el pedido de acceso a la información pública no se limitaba a conocer la existencia de las tarjetas, sino que también requería información sobre consumos, proveedores, montos, rubros, facturas, comprobantes, expedientes administrativos y rendiciones de gastos.

No obstante, la respuesta oficial sólo incluyó el listado de tarjetas y usuarios vinculados al sistema.

Según se señala en la publicación, no se informaron los movimientos realizados, los montos gastados ni los comercios donde se efectuaron las operaciones, pese a que la plataforma utilizada permitiría acceder a esos datos.

El rol del Fondo Rotatorio

Uno de los aspectos centrales de la controversia gira en torno al funcionamiento del Fondo Rotatorio, un mecanismo previsto para atender gastos operativos mediante procedimientos más ágiles que los circuitos administrativos tradicionales.

Dentro de ese esquema aparecen funcionarios responsables de la administración del fondo que, al mismo tiempo, figuran asociados a tarjetas corporativas utilizadas dentro del mismo circuito.

La documentación también indica que las rendiciones deberían contar con comprobantes, documentación respaldatoria y expedientes electrónicos específicos, aunque esa información no fue difundida junto con la respuesta oficial.

Un debate sobre transparencia

La publicación reavivó el debate sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos, especialmente porque el incremento del Fondo Rotatorio se produjo en un contexto en el que el Gobierno nacional mantiene un discurso centrado en la reducción del gasto estatal.

Según el informe de Noticias Argentinas, la información entregada por Presidencia permitió conocer la estructura administrativa y los responsables de las tarjetas corporativas, pero dejó sin respuesta los interrogantes vinculados a cómo se utilizaron los fondos, qué gastos se realizaron y cuál fue la rendición de cada operación.

La discusión se centra ahora en si esa información debe ser puesta a disposición del público para permitir un control más exhaustivo sobre el uso de recursos que, en la actualidad, superan los $1.135 millones.