La Justicia ordenó nuevas medidas para investigar el patrimonio y las inversiones cripto de Adorni

La Justicia federal dispuso nuevas medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El fiscal Gerardo Pollicita avanzó con una serie de requerimientos destinados a verificar las explicaciones brindadas por el funcionario sobre sus inversiones en criptomonedas y a profundizar la investigación sobre su patrimonio.

Entre las medidas ordenadas, el fiscal solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) un informe detallado sobre las plataformas, exchanges y otros intermediarios vinculados al mercado de activos virtuales que operaron en el país desde 2012. El objetivo es determinar el contexto en el que Adorni aseguró haber comenzado a invertir en Bitcoin y reconstruir las condiciones existentes en aquellos años.

Además, se requirió información sobre la regulación vigente en materia de criptomonedas y si existía algún registro formal de prestadores de servicios vinculados a estos activos. En paralelo, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) trabaja en un informe técnico sobre la evolución histórica del precio del Bitcoin desde 2013 hasta la actualidad.

La investigación también se concentra en aspectos patrimoniales vinculados con una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, donde Adorni adquirió y remodeló una vivienda. En ese marco, la Justicia pidió los registros de ingresos y egresos al lote para reconstruir cuestiones relacionadas con las obras realizadas en el inmueble.

Uno de los datos que surgieron durante la investigación involucra al contratista Matías Tabar, encargado de la remodelación de la casa, quien declaró haber cobrado unos 245.000 dólares por los trabajos y haber actuado además como intermediario en otras compras realizadas por el funcionario.

A partir del análisis del teléfono celular de Tabar, los investigadores detectaron una operación vinculada con la adquisición de ropa de cama y artículos de blanquería por más de ocho millones de pesos. Ante esto, el fiscal solicitó información a la empresa que emitió la factura para determinar quién fue el destinatario final de la compra.

Otra de las líneas abiertas apunta a establecer si Silvia Pais, madre del jefe de Gabinete, reside actualmente en el country Fincas de Iraola, en Berazategui. La administración del barrio privado deberá informar si es propietaria o inquilina y desde cuándo ocupa el inmueble.

En paralelo, Pollicita solicitó acceder a información de otra causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al diputado bonaerense Francisco Adorni, hermano del funcionario nacional. El fiscal pidió conocer si existen referencias vinculadas a bienes familiares, dinero en efectivo o cuestiones relacionadas con la sucesión de su padre.

Por otra parte, también se ordenaron medidas para determinar si Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, desempeñaron tareas en la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores. Para ello, se requirió información sobre los cargos que habrían ocupado, las remuneraciones percibidas y la eventual presentación de declaraciones juradas durante esos años.

Las nuevas diligencias forman parte de la investigación que lleva adelante el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, y buscan profundizar el análisis patrimonial del jefe de Gabinete y verificar las explicaciones públicas brindadas sobre el origen de sus bienes e inversiones.