Advierten que hubo 65 amenazas a escuelas tras el caso San Cristóbal y remarcan que “no son bromas”

El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Pablo Cococcioni, advirtió que en las tres semanas posteriores al ataque ocurrido en San Cristóbal se registraron 65 amenazas a escuelas en el territorio provincial, y remarcó que este tipo de situaciones no deben ser interpretadas como bromas, sino como hechos delictivos.

En ese marco, el funcionario diferenció dos problemáticas que, según explicó, se presentan de manera paralela: por un lado, la violencia generada en entornos digitales, y por otro, las amenazas y falsas alarmas en instituciones educativas, muchas veces vinculadas a supuestas bromas pero que activan protocolos y actuaciones judiciales.

Cococcioni señaló que la primera de estas problemáticas está siendo abordada de manera conjunta con el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación, con el objetivo de adaptar las herramientas de investigación a las dinámicas actuales, especialmente en redes y comunidades digitales.

En cuanto a las amenazas a escuelas, el ministro explicó que, si bien en muchos casos no existe una intención real de concretarlas, el Estado las toma con la máxima seriedad. “Estamos ante la presencia de hechos delictivos”, enfatizó.

En ese sentido, indicó que cada situación con apariencia de delito es trabajada junto al Ministerio Público de la Acusación, lo que puede derivar en allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos, detenciones o aprehensiones, aunque no todos los casos se difunden públicamente, especialmente cuando involucran a menores de edad.

El funcionario también advirtió sobre las consecuencias a largo plazo que pueden tener estas conductas. Según explicó, incluso cuando se trata de menores, una causa penal en el marco del fuero juvenil puede dejar antecedentes que afecten el futuro de las personas involucradas.

“Muchas veces lo que se plantea como una broma, algunos años después puede impedir obtener un certificado de conducta o viajar al exterior”, señaló. Además, indicó que en determinados casos los padres pueden verse obligados a cumplir reglas de conducta, y que en situaciones extremas puede haber institucionalización de los menores.

Finalmente, Cococcioni insistió en la necesidad de que las familias y la comunidad en general tomen dimensión de la gravedad de estos hechos, en un contexto donde, tras episodios como el de San Cristóbal, se generan réplicas que derivan en nuevas amenazas y situaciones de riesgo.