Nacionales — 12.04.2026 —
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Adorni entra en una etapa decisiva
Las audiencias arrancan este lunes con la citación de dos prestamistas, mientras la Justicia busca determinar la trazabilidad de los fondos utilizados en las operaciones del jefe de Gabinete.
La investigación judicial sobre el patrimonio y las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresará en una etapa decisiva este lunes, con el inicio de las declaraciones testimoniales bajo juramento de personas vinculadas a las operaciones bajo análisis.
Se trata de una causa impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, que investiga un presunto enriquecimiento ilícito, y que tendrá este lunes las declaraciones de Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, señaladas como prestamistas en una de las operaciones.
Ambas testigos, madre e hija, figuran como acreedoras de un préstamo de 100.000 dólares otorgado a Adorni, con garantía hipotecaria sobre un departamento ubicado en la calle Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Según consta en la documentación, el crédito habría sido pactado a dos años, con una tasa del 11% anual y pagos mensuales.
La investigación también apunta a determinar si las mujeres contaban con la capacidad económica real para otorgar ese financiamiento. En ese marco, el juez federal Ariel Lijo, a cargo del caso, dispuso levantar el secreto fiscal de las testigos, medida solicitada por la fiscalía.
El expediente avanzará el miércoles con la declaración de otras dos mujeres, Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, jubiladas que vendieron a Adorni un departamento en el barrio de Caballito. Según la causa, el funcionario abonó 30.000 dólares y mantiene una deuda de 200.000 dólares, a cancelar sin intereses en noviembre próximo, mediante una hipoteca entre privados.
Además de las declaraciones, la fiscalía solicitó a las testigos que concurran a tribunales con sus teléfonos celulares, para permitir el acceso a mensajes, audios, correos electrónicos y otros registros vinculados a las operaciones investigadas.
Como parte de la investigación, se requirió información a organismos fiscales sobre la situación patrimonial, ingresos declarados y activos de las involucradas, con el objetivo de verificar la existencia y sustento económico de los préstamos y transacciones.
La causa se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y también incluye otra línea de investigación en la que se analiza un presunto caso de dádivas, vinculado a un viaje en avión privado realizado por el jefe de Gabinete junto a su familia.
