El Senado debate la reforma laboral y la baja de imputabilidad en una jornada clave y tensa

El Senado de la Nación se reunirá este viernes desde las 11 para debatir dos proyectos centrales para el Gobierno: la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil. El oficialismo buscará convertir en ley ambas iniciativas y cerrar así el período de sesiones extraordinarias con una nueva victoria parlamentaria, en la antesala del discurso que el presidente Javier Milei brindará el domingo ante la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con el temario previsto, primero se tratará la reforma laboral y luego el proyecto de responsabilidad penal juvenil, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

En el caso del Régimen Penal Juvenil, la propuesta reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y establece un sistema de sanciones que va desde medidas socioeducativas hasta penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves. El esquema contempla alternativas a la cárcel para los casos menos severos, prioriza la resocialización y dispone que los menores no compartan lugares de detención con adultos.

Para delitos con penas inferiores a tres años no se prevén condenas de prisión. En tanto, para hechos con escalas de entre tres y diez años que no hayan provocado muertes o lesiones graves, se promueven sanciones con enfoque social y educativo por sobre el encierro.

La reforma laboral, impulsada por el Poder Ejecutivo, introduce cambios de fondo en las relaciones de trabajo. Entre otros puntos, modifica el régimen de despidos, el esquema de vacaciones, la negociación colectiva y el derecho de huelga en determinadas actividades.

El Senado fue convocado para convalidar la única modificación incorporada por Diputados, donde se eliminó el artículo que reducía el pago de salarios durante licencias por enfermedades o accidentes no laborales. Superado ese cambio, el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para la sanción definitiva.

El proyecto establece que las vacaciones podrán fraccionarse en períodos no menores a siete días y que el trabajador tendrá garantizado el receso estival al menos una vez cada tres años. También habilita un sistema de compensación de horas: si se extiende la jornada hasta un máximo de 12 horas —con 12 horas obligatorias de descanso—, el excedente podrá compensarse con reducción horaria en otra fecha.

En materia de indemnizaciones, el cálculo se realizará sobre el salario básico promedio de la actividad, sin incluir aguinaldo, premios ni adicionales, y se permitirá su pago en cuotas —hasta 12 en grandes empresas y 18 en pymes—, al igual que las sentencias judiciales.

En el plano sindical, se mantiene el aporte obligatorio con un tope del 2%, con el empleador como agente de retención. Además, los convenios colectivos vencidos dejarán de regir hasta la firma de uno nuevo, y se habilita la incorporación de componentes salariales adicionales en negociaciones por actividad, empresa o acuerdos individuales.

El texto también redefine el alcance del derecho de huelga. Determinadas actividades serán consideradas “servicios esenciales”, con obligación de garantizar una prestación mínima del 75%, y otras “servicios trascendentales”, con cobertura del 50%. Asimismo, se tipifican como infracciones muy graves las acciones que afecten la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza.

Con el respaldo de gobernadores aliados y bloques dialoguistas, el oficialismo apuesta a cerrar la jornada con la aprobación de ambos proyectos y consolidar su agenda legislativa antes de la apertura formal del nuevo período ordinario.