El Senado debate la reforma de la Ley de Glaciares en medio de fuertes controversias

El Senado de la Nación Argentina debatirá este jueves desde las 11 una serie de proyectos clave impulsados por el oficialismo, entre ellos la modificación de la Ley de Glaciares (26.639), una iniciativa que genera fuerte controversia política y ambiental.

La sesión incluirá además el tratamiento de la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y el pliego del ex diputado Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea. Sin embargo, uno de los puntos más sensibles del temario será la reforma del régimen de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial.

Qué propone la reforma

El proyecto del Poder Ejecutivo plantea redefinir el alcance de las áreas protegidas, manteniendo la prohibición de actividades económicas en glaciares, pero habilitando la posibilidad de desarrollar proyectos productivos en determinadas zonas periglaciares que no cumplan una función hídrica estratégica comprobable.

La normativa vigente, sancionada en 2010, protege tanto los glaciares como las formaciones periglaciares —suelos congelados que actúan como reservorios de agua dulce— y prohíbe actividades como la minería y la explotación hidrocarburífera en esas áreas.

La iniciativa oficial introduce el criterio de distinguir entre “formas periglaciares” que cumplen una función de reserva estratégica de recursos hídricos y aquellas que no, lo que permitiría compatibilizar —según sus impulsores— desarrollo económico y protección ambiental.

Además, el proyecto otorga mayor participación a las provincias en la determinación de qué zonas deben ser protegidas, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las jurisdicciones provinciales. Este punto marca una diferencia central con la propuesta alternativa de la UCR, que busca mantener en el ámbito técnico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) la potestad principal sobre el Inventario Nacional de Glaciares.

Las posiciones en disputa

Desde el oficialismo sostienen que la ley actual genera “inseguridad jurídica” y frena inversiones, particularmente en provincias con potencial minero y de hidrocarburos como San Juan, Catamarca o Jujuy. Argumentan que la modificación permitirá atraer proyectos vinculados a la megaminería y fortalecer el desarrollo económico, sin eliminar los controles ambientales.

En cambio, amplios sectores de la oposición —principalmente el interbloque peronista— cuestionan la reforma al considerar que debilita la protección de reservas estratégicas de agua dulce. Legisladores como José Mayans manifestaron una postura crítica y advierten que la iniciativa podría afectar cuencas hídricas fundamentales para el consumo humano, la agricultura y la biodiversidad.

Organizaciones ambientalistas y sectores de la Iglesia también expresaron su rechazo, al entender que la modificación implicaría una “regresión ambiental” y pondría en riesgo ecosistemas clave en un contexto de cambio climático. Desde esos espacios sostienen que la actual ley establece un piso de protección que no debería flexibilizarse frente a intereses productivos.

En paralelo, el diputado Eduardo Valdés presentó un proyecto alternativo que apunta a fortalecer la normativa vigente, reforzando la prioridad de la preservación del agua para consumo humano por sobre cualquier interés económico.

Con negociaciones abiertas hasta último momento, el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para avanzar con la reforma, aunque el resultado dependerá de las definiciones internas en bloques donde conviven posturas provinciales divergentes.

La votación de este jueves no solo marcará el rumbo de la política ambiental en materia de glaciares, sino también el equilibrio entre desarrollo productivo y protección de recursos estratégicos en la Argentina.