Aportes, huelga y convenios: los ejes del rechazo sindical a la reforma laboral

A pocos días de su tratamiento en el Senado, el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional volvió a tensar el vínculo con los sectores sindicales, que anticiparon un fuerte rechazo y no descartan avanzar por la vía judicial si la iniciativa es aprobada.

Si bien desde la CGT admiten la necesidad de actualizar el marco normativo frente a las nuevas modalidades de empleo, cuestionan varios artículos centrales del texto que —según sostienen— recortan derechos, debilitan el poder de negociación sindical y afectan el financiamiento del sistema gremial y previsional.

Uno de los puntos más resistidos es la eliminación de la obligación del empleador como agente de retención automática de las cuotas sindicales. El proyecto establece que esos aportes pasen a ser voluntarios y requieran el consentimiento expreso del trabajador, lo que para la central obrera implica un golpe directo a la estructura financiera de los sindicatos.

También genera rechazo la modificación del régimen de ultraactividad de los convenios colectivos. La propuesta limita su vigencia a las cláusulas normativas y obliga a renegociar anualmente aspectos como las cuotas solidarias, además de establecer la prevalencia de los acuerdos por empresa sobre los sectoriales. Para los gremios, estos cambios reducen su poder de negociación y fragmentan la representación colectiva.

Otro foco de conflicto es la regulación del derecho de huelga en actividades consideradas esenciales y trascendentales. El proyecto fija niveles mínimos de prestación de servicios del 75% y del 50%, respectivamente, durante las medidas de fuerza. Desde la CGT advierten que estas disposiciones ya habían sido incluidas en el DNU 70/23 y luego cuestionadas por la Justicia, por lo que anticipan que podrían volver a ser judicializadas.

En materia de despidos, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) también es objetada. El esquema prevé que las empresas aporten el 3% de la masa salarial bruta para cubrir indemnizaciones por despido sin causa y, a cambio, obtengan una reducción equivalente en las contribuciones patronales. Los sindicatos sostienen que ese mecanismo podría afectar el financiamiento del sistema previsional.

A esto se suma la reducción de las contribuciones patronales a las obras sociales sindicales del 6% al 5%, una medida que —según estimaciones gremiales— implicaría un desfinanciamiento millonario del sistema de salud administrado por los sindicatos.

La central obrera también rechaza los artículos que flexibilizan las condiciones de contratación y despido, la implementación de un Banco de Horas, la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas y los cambios en el régimen de vacaciones, al considerar que implican una pérdida de derechos adquiridos.

Mientras el oficialismo busca avanzar con la iniciativa en el recinto, el debate expone una fuerte confrontación con el movimiento sindical, que advierte sobre un escenario de conflicto si el texto no sufre modificaciones sustanciales.