Imputaron a Alberto Fernández por la extensión de la cuarentena, luego de que Guzmán dijera que fue por razones políticas

El fiscal Carlos Stornelli imputó formalmente al ex presidente Alberto Fernández en la causa que se abrió luego de que el ex ministro de Economía de su gobierno, Martín Guzmán, dijera en una entrevista que el aislamiento durante la pandemia se habría extendido por razones políticas.

Luego de la denuncia presentada por el fiscal Guillermo Marijuan, Stornelli impulsó la causa y ordenó no solo recabar datos estadísticos y normativos durante el encierro por la irrupción del Covid-19, sino también llamar a declarar a un grupo de economistas.

“Se investigarán en autos las posibles conductas delictivas llevadas a cabo en presunto abuso de autoridad y en violación de los deberes de funcionario público, sin perjuicio de toda otra figura que pudiera surgir con el devenir de la investigación, en que habría incurrido, cuanto menos, el ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Ángel Fernández, al extender —según se denuncia— por razones indebidas, mediante el dictado de los respectivos actos normativos, las restricciones sanitarias correspondientes a la pandemia declarada con motivo del COVID-19, que comenzara en el año 2020″, sostuvo el fiscal en el dictamen al dar inicio a la investigación.

Allí se destaca que quien fuera ministro de Economía de aquella gestión de gobierno, Martín Guzmán, sostuvo en una entrevista periodística que “dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que tendría que haber sido” y que ello obedeció a motivos de conveniencia política o una suerte de “bandera más política”, ya que le estaba yendo “bien con la sociedad” y “la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno”. “Entonces, por mucho tiempo era ‘no, no, no se puede (relajar la cuarentena)’”, añadió.

En su dictamen, Stornelli ordenó recabar la totalidad de las normas y disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional con motivo de la pandemia del Covid-19, a través de las cuales se establecieron restricciones para las libertades ambulatorias de las personas, la posibilidad de llevar a cabo reuniones de cualquier tipo y sobre las distintas actividades económicas y sociales. “A su vez, resultaría de interés contar con aquellos antecedentes técnicos —y dictámenes jurídicos— que dieron sustento a aquellas decisiones, debiéndose recabar, al efecto, los expedientes completos”, añadió.

Tras disponer incorporar a la causa los videos y la transcripción de la entrevista de Guzmán, Stornelli también dispuso solicitar a la Organización Mundial de la Salud —y a cualquier otro organismo internacional que corresponda— que brinde información estadística acerca de las medidas sanitarias dispuestas por los distintos países del mundo, indicando la extensión de las restricciones, el grado de las prohibiciones y/o regulaciones dispuestas, las implicancias que dichas medidas tuvieron sobre las libertades de los ciudadanos y los resultados obtenidos en cuanto a la prevención de contagios.

Además, promovió convocar a los distintos economistas mencionados en la denuncia realizada por el legislador porteño Yamil Darío Santoro y los abogados José Lucas Magioncalda e Ignacio Falcón, quienes también denunciaban a Alberto Fernández por los dichos de Guzmán, pero por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad.

Entre los economistas citados por Stornelli para prestar declaración testimonial se encuentran Roberto Cachanosky, Victoria Giarrizzo, Camilo Tiscornia, Federico Vacalebre, Marcelo Capello, Laura Caullo, Fernando Kühn, Eduardo Levy Yeyati, Rodrigo Valdés y Soledad Pérez Duhalde, con el fin de que se explayen sobre lo tratado en los estudios y/o publicaciones citadas en la denuncia.

Por otro lado, Stornelli dispuso que se requiera al Poder Ejecutivo Nacional que recabe información sobre los reclamos personales, corporativos, empresariales, sindicales y de cualquier otro tipo, público o privado, en relación con las restricciones y/o extensiones de las restricciones ordenadas por el PEN respecto de la pandemia.

Tal como lo había sugerido Marijuan, el fiscal de la causa también consideró necesario convocar a los representantes legales y/o titulares de las distintas cámaras empresariales de las actividades más importantes del país, tanto de la industria como del comercio, para que se explayen sobre el nivel de actividad de sus rubros durante la pandemia y los efectos que las restricciones tuvieron en cada uno de los ámbitos que representan. Además, solicitó idéntica información al INDEC y al Ministerio de Economía.

A esto se suma la recopilación de información del Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, relativa a datos estadísticos y oficiales sobre la evolución de la nómina laboral pública y privada durante la pandemia.

El Ministerio Público también requirió al Poder Ejecutivo Nacional que informe si existe algún tipo de constancia en sus archivos que verifique si el anterior gobierno solicitó encuestas, tanto a organismos públicos como a entidades privadas, sobre la opinión de los ciudadanos en relación con la extensión de las restricciones por la pandemia y/o la opinión que le merecían las disposiciones del gobierno en este tema. En caso afirmativo, se deberán recabar la totalidad de los informes realizados al respecto.

Finalmente, el fiscal busca agregar a la causa las grabaciones de las conferencias realizadas desde la Presidencia de la Nación y desde el Ministerio de Salud de la Nación, a través de las cuales se comunicaron las restricciones impuestas durante la pandemia del Covid-19, así como sus respectivas prórrogas.