Todos los impuestos detallados en el ticket: cuándo será obligatorio y por qué se resisten los supermercados

El paquete fiscal aprobado por Ley el pasado 8 de julio, junto con la Ley Bases, incorporó el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, que buscará, a partir del 1 de enero próximo, proporcionar a los contribuyentes y consumidores una total transparencia sobre la carga tributaria que afecta a los productos y servicios. Es decir, cada ticket deberá tener detallado y discriminado el IVA y otros impuestos que tengan incidencia en la formación del precio de los productos.

Se trata de una iniciativa impulsada por Lógica, una entidad sin fines de lucro apartidaria, que trabajó durante bastante tiempo en el tema y logró que el oficialismo adoptara el proyecto como propio y lo incluyera en el paquete fiscal.

Sin embargo, y aunque faltan cinco meses para que se ponga en práctica, algunos sectores involucrados ya advierten que la medida será inaplicable y que implicaría una enorme carga administrativa. Es el caso de los grandes supermercados, que además de pedir una simplificación en la futura reglamentación, que saldrá por AFIP, reclaman una prórroga porque afirman que no podrán hacer las correspondientes pruebas durante los meses previos a enero, ya que se trata de la temporada alta de ventas y no pueden correr riesgos.

“Un cambio tan profundo debiera ser reglamentado y comunicado con al menos 8 meses de anticipación. Caso contrario, podría ser motivador de un freno del comercio y la economía hasta tanto se pueda facturar con estos nuevos requisitos. Vale recordar que las penalidades referidas a cuestiones de errores de facturación pueden llegar hasta la clausura de los establecimientos”, señalaron desde una cadena.

Según la Ley, esta obligatoriedad de transparentar los impuestos aplica a toda venta que sea dirigida a un consumidor final, pero en Brasil, de dónde Lógica -y también el Gobierno- intentar copiar el sistema, están excluidas las pymes. En la Argentina, eso dependerá de la reglamentación. Pero según el presidente de la asociación, Matías Olivera Vila, “deberían quedar afuera también”.

¿Qué dice la norma?

1. Debe estar desagregado el IVA en los tickets de los comercios.
2. En los tickets y comprobantes al consumidor final se tiene que exponer la incidencia de los impuestos indirectos nacionales, aunque no define cuáles son. Eso deberá estar en la reglamentación, pero podrían ser los impuestos internos, el impuesto a los débitos y créditos bancarios y, tal vez, el impuesto a los combustibles. El Impuesto PAIS no debería estar porque en enero se cae.
3. Se invita a las provincias a adherir por Ingresos Brutos y las tasas municipales.
4. El mismo detalle que debe aparecer en el ticket también debe estar expuesto en la etiqueta en góndola. Deberá informarse el precio neto de impuesto y con los tributos.

Mientras que Olivera Vila avanza con reuniones con funcionarios provinciales para impulsar la adhesión, desde el supermercadismo le pusieron paños fríos a la norma y empezaron a advertir sobre las dificultades que provocaría la aplicación de la norma.

“En el caso de la adhesión de las provincias y municipios, se dispararía una serie de inconvenientes, como, por ejemplo, gran complejidad para parametrizar la incidencia de Ingresos Brutos y tasas municipales, dado que gravan los distintos ingresos de las compañías y no existe una vinculación directa con el precio de venta de cada producto”, contó otra fuente del sector.

Y agregó: “Es por eso que proporcionar estas incidencias resulta una tarea impracticable y poco asertiva, llevando gran confusión al consumidor debido a que no existe una regla única para cada comercio para medir la incidencia”.

Otro de los argumentos que se escuchan del supermercadismo es que podría afectar a los comercios de mayor envergadura, que en la mayoría de las provincias y municipios son castigados con alícuotas más elevadas por su facturación y que, por ende, al momento de exteriorizar la mayor carga que tienen, el consumidor podrá comparar con otros comercios con menor carga y generar un efecto disuasivo de intención de compra en el consumidor.

También plantean que las provincias y municipios modifican sus alícuotas con mucha frecuencia, lo que “generaría una enorme carga administrativa y enormes erogaciones de soporte en sistemas para mantener los precios actualizados”, a la vez que deberán re-etiquetar los productos y servicios con cada modificación de alícuotas de aquellas jurisdicciones provinciales y municipales que adhieran.

Los argumentos de las grandes cadenas en contra de la norma son muchos y el lobby para incidir en la reglamentación es feroz, pero desde Lógica intentaron calmar la ansiedad al plantear que no se está pensando en un detalle exacto y tan exhaustivo de la estructura tributaria que se esconde detrás del precio de cada producto, ya que eso -asumió Olivera Vila- sí sería impracticable.

Enfatizó Olivera Vila que “deberían calcularse los impuestos de acuerdo a un carrito promedio de supermercados, que no tiene que ser exacto, ya que lo que importa es que la gente sepa que no es cero”.