Provincia — 17.11.2022 —

Prestadores de Salud a favor del proyecto de Ley sobre pago de aranceles por parte de IAPOS

La iniciativa es impulsada por el diputado provincial Fabián Palo Oliver. Este jueves se realizó una conferencia de prensa para conocer la situación que atraviesan las entidades que trabajan por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad

Por: santotoméaldía /

Las entidades agrupadas en UENDISFE y Fabián Palo Oliver llevaron adelante una conferencia de prensa con el objeto de poner en conocimiento de la ciudadanía la situación por la que atraviesan las entidades que trabajan por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, en relación a la obra social IAPOS.

También dieron detalles del proyecto de Ley que el diputado provincial ingresó a la Legislatura, disponiendo que IAPOS obligatoriamente tome el nomenclador nacional como piso al momento de abonar los aranceles por prestaciones de salud para personas con discapacidad.

En el encuentro con la prensa, la presidenta de UENDISFE, Gabriela Ortolochipi, sostuvo que “la aprobación de este proyecto sería un gran primer paso para mejorar la situación planteada en torno a Iapos. Esperemos ser escuchados por los demás legisladores, así como lo fuimos por el diputado Palo Oliver. Nos resulta un detalle menor señalar que al mes de diciembre, la diferencia entre los valores nacionales y lo que pagó Iapos, fue de un 40%”. 

"Otro aspecto resaltado por la titular de la entidad que agrupa a las instituciones que trabajan con las personas con discapacidad es que “el tiempo para el pago de prestaciones de IAPOS es mucho mayor que el resto de las Obras Sociales. También tenemos problemas con los traslados, con los medicamentos, con la entrega de insumos”, agregó Ortolopichi. 

El legislador, autor de la iniciativa, sostuvo que "esto nace a partir de una audiencia que fue pedida por distintas organizaciones, a nivel nacional existe la Ley 24901 que es la que establece cómo deben abonarse las prestaciones, es de carácter obligatorio para todos los prestadores y obras sociales, tanto públicas como privadas" y agregó: "Desde 2017 se dejó de tener en cuenta para pagar las prestaciones el nomenclador nacional, que es publicado por el Ministerio de Salud de Nación o por la Agencia Nacional de Discapacidad, que tiene un mecanismo de actualización".

En esa línea, subrayó que "el IAPOS caprichosamente empezó a interpretar que ese nomenclador es una referencia y a partir de ahí entienden que puede ser pagada por debajo de la misma. La referencia es un piso, por lo que IAPOS está obligado a pagar como mínimo, lo que establece el nomenclador nacional".

"Nos parece absolutamente discriminatorio para aquellos afiliados de IAPOS. Está generando muchas dificultades a los prestadores, a aquellos que trabajan en muchos casos, siempre con un carácter absolutamente desde el voluntariado, tratando de mejorar la calidad de vida de las personas que tienen alguna discapacidad", remarcó Palo Oliver.

"Hoy se dan dos situaciones, por un lado el pago por debajo de ese nomenclador y por el otro, el atraso en el pago de las prestaciones, que lamentablemente IAPOS lo está teniendo con todo tipo de prestaciones. Hay un recorte en la cantidad y calidad que IAPOS asume por un lado y después hay una demora importante en el pago de estas prestaciones una vez que se facturan", manifestó.

Asimismo, indicó que en un país, con la inflación que tiene Argentina "obviamente que las demoras van en perjuicio de las prestaciones que ya se dieron y tienen un fuerte perjuicio en el presente y el futuro de cada una de las instituciones, porque muchas de ellas tuvieron que bajar servicios que prestaban a sus afiliados porque los números no están cerrando y los costos fijos de funcionamiento en muchos casos".

"Esta ley establece la obligación de pagar de acuerdo al nomenclador nacional por un lado y en segundo lugar, está planteando un plazo de 30 días para poder abonar las prestaciones que son facturadas", recordó y añadió: "Somos concientes de que muchos pueden decir que 30 días son insuficientes para un estado burocrático por los plazos que hay que cumplir, uno conoce la administración y sabe que en esos 30 días se puede cumplir si hay voluntad de sostener la prestación que brinda este tipo de instituciones".

"Estamos llevando adelante una acción que permite analizar una inquietud que tienen los prestadores y que es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad", concluyó.

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