Polémica compra de alimentos del Gobierno nacional a precios por encima de los máximos

La Argentina amaneció con una polémica compra de alimentos. Mediante siete resoluciones, el Ministerio de Desarrollo Social hizo compras millonarias en medio de la pandemia del coronavirus. El punto no es la cantidad de aceite, fideos, arroz o lentejas que compró, sino los precios que pagó. El proceso licitatorio es muy llamativo, debido a que el propio Estado convalida precios muy superiores a los que establece en el programa Precios Máximos .

El caso más destacado es el del aceite. Mediante la resolución 150/2020 autorizó la compra de 1,700,000 "unidades de aceite mezcla en presentación de 1,5 litros, solicitada por la Secretaría de Articulación de Política Social".

La norma establece la compra, finalmente, de dos lotes de 340.000 unidades de botellas de 1,5 cada una. La empresa Sol Ganadera se quedó con una de las partidas. Le vendió al Estado cada botella de la marca Indigo en $157,80. El otro lo contrató la firma Copacabana por una cantidad similar y el precio, en este caso de la marca Ideal, es de 157,67 pesos.

La cuenta lleva la contratación a un total de 107.599.800 pesos por 1,02 millones de botellas, ya que el resto no se adjudica. El punto es que en la página de Precios Máximos , que el Gobierno señala como de cumplimiento obligatorio, uno de esos productos, el aceite de 1,5 litros Ideal, tiene un valor máximo de 98 pesos por botella.

"La Sindicatura General de la Nación (Sigen) fija los precios testigo, las licitaciones son abiertas y, en todos los casos, el Ministerio pidió rebajas de precios", dijo en la mañana una alta fuente del Ministerio de Desarrollo Social.

Pero el aceite no es la única compra llamativa. En otra de las licitaciones publicadas, que se pueden verificar en Boletín Oficial , se puede ver un caso similar con los fideos . La cartera que conduce Daniel Arroyo convalidó la compra de 1.020.000 paquetes de fideos semolados de medio kilo. Esta vez fueron tres lotes de 340.000 paquetes, cada uno de las marcas Doña Luisa o Sua Pasta, Pastarole y Aldente o Pastarole. Cada uno de ellos se compró a $85,76, $84,77 y $84 respectivamente, lo que da un promedio de 84,84 cada uno. En este punto, el ministro aclaró que mediante otra resolución se modificó un error en el que consigna que los 84, 84 pesos que se pagó en realidad corresponden al kilo aunque el proveedor, lo entregue en paquetes de 500 gramos.

Sin embargo, siempre según el relevamiento que se puede hacer de la lista de Precios Máximos convalidada por el Gobierno, un producto similar tiene un valor de 52 pesos, aunque hay opciones más económicas.

Pero más allá del disparatado nivel de precios, lo llamativo es que aquellos valores impuestos por el Estado son por la compra unitaria de un producto . En este caso, el Estado pagó mucho más por millones de unidades.

"Hemos hecho una compra extraordinaria de alimentos...leche, azúcar, fideos, lentejas y harina. La Sigen establece los precios testigos y se convocaron a once proveedores de alimentos y a diez proveedores de leche", explicó Daniel Arroyo , titular de la cartera, en declaraciones a TN y C5N. Y enseguida agregó: "La compra es por kilo, el paquete es por medio kilo. La Sigen no establece el tema de la logística".

Sin embargo, en el Ministerio, reconocieron que se pagó por encima de los Precios Máximos mediante un comunicado que en la mañana de hoy cursaron a los medios

En los casos de aceite y azúcar, los proveedores cotizaron por encima del precio testigo y se les solicitó una mejora de precio. Las ofertas posteriores siguieron por arriba del precio, pero ante la necesidad de llegar a comedores y merenderos con esos productos que forman parte de la canasta básica, se decidió realizar la compra.

En paralelo, desde su cartera, señalaron que hay precios de referencia establecidos y que el Estado paga a 90 o 120 días en muchos casos.

La llamativa situación se da en medio de los enojos presidenciales por el precio de los alimentos. De hecho, según el propio Jefe de Estado Alberto Fernández dijo, prepara un decreto de necesidad y urgencia para convertir a los municipios en autoridad de aplicación de la ley de defensa a la competencia, justamente, para controlar los precios máximos de los alimentos.

Fuente: La Nación