YPF: comienza a definirse hoy si Argentina debe pagar u$s3.000 millones

La causa iniciada por el fondo Burford contra el país por la manera en que el Gobierno de Cristina de Kirchner reestatizó YPF en 2012, comenzará hoy su etapa de definición. La jueza del distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, abrirá su juzgado número 102 en el centro de Manhattan (el mismo que atendía Thomas Griesa), para un audiencia donde escuchará, por primera vez en un mismo evento, a las cuatro partes involucradas. Por un lado, hablarán los abogados contratados por la Argentina y la petrolera, que basarán su argumentación en la necesidad de mudar la causa a Buenos Aires; ya que se debe determinar si la venta de las acciones de 2008 fue legal. Por el otro, los dos fondos demandantes, Burford Capital y Eton Capital, quienes plantearán la necesidad de acelerar la apertura de las negociaciones para que Argentina pague la deuda generada por la operación de 2012. Los escritos de ambas partes, adelantados por este diario, ya fueron leídos por Preska, que ahora escuchará los argumentos de manera oral para luego hacer preguntas puntuales.

Una vez terminado el protocolo, la jueza anunciará si su decisión se conocerá de manera inmediata en la misma jornada, o si se tomará unos días para comunicar su resolución. Preska podría ir por tres caminos diferentes. El primero sería determinar que se trata de una causa ya juzgada, no haciendo lugar al reclamo de mudanza por parte de Argentina, manteniendo además la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de mantener el caso dentro del sistema judicial de ese país. El segundo camino sería atender el pedido de la Argentina, pero requiriendo más pruebas para justificar el reclamo de los abogados que defienden al país. En este caso, la jueza reclamaría que se presenten argumentos sólidos para justificar que la manera en que se le vendió al Grupo Petersen el 25% de acciones de la petrolera entre 2007 y 2008 se realizó de manera ilegal. En este caso, Argentina deberá ser muy convincente al explicar porqué lleva a un tribunal norteamericano una causa de posibles actos de corrupción, cuyo caso ni siquiera está planteado aún en el país.

El tercer camino, vinculado con el segundo, sería que además Preska dé lugar al pedido de apertura de la cláusula Discovery, reclamando también argumentos a la Argentina sobre por qué es importante conocer a los que potencialmente cobrarían ante un juicio con fallo adverso. Las segundas opciones son, obviamente, las más convenientes para el país, más allá del resultado final del caso. Se supone que con estas alternativas, como mínimo, se ganarían no menos de 6 meses hasta que Preska llame a las partes para determinar si el reclamo de la Argentina es o no válido. En este esquema, la decisión de Preska tiene además un valor agregado: el Gobierno de Mauricio Macri podría incluir el proceso de investigación de supuestos actos ilegales durante la apertura del 25% de las acciones de YPF, dentro de la campaña electoral. No es un dato menor. Entre los involucrados directos están dos actores clave en las elecciones de octubre: la propia Cristina de Kirchner, candidata a vicepresidente; y el exministro de Economía Axel Kicillof, candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. El tercer nombrado por la argentina es el exministro de Planificación Julio De Vido.

El caso se inició el 8 de abril de 2015, cuando el fondo Burford, manejado por el abogado Christopher Bogart, se presentó ante el juzgado, aún bajo el comando de Thomas Griesa, reclamando porque Argentina no había incluido al 49% restante, en la misma operación de pago a Repsol por la reestatización de 2012. El 11 de mayo de 2016 Preska tomó la causa y abrió el proceso; fallando a favor de los demandantes en octubre de ese año. Luego, el Gobierno de Mauricio Macri apeló la decisión ante la Cámara de Nueva York, que también avaló a Burford el 26 de abril de este año. Argentina volvió a apelar, y el caso pasó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que determinó finalmente el 24 de junio pasado que el caso debía mantenerse en la jurisdicción judicial del territorio norteamericano y volver para su resolución final al tribuna de Preska. La jueza ahora debe dar una definición a la causa, acción que comenzará con la audiencia de hoy.

La causa se basa en la demanda de Burford, a la que se sumó Eton, por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto de 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado al mismo valor. Burford negoció en 2013 en la Justicia española la compra de la quiebra de las empresas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, dos empresas que originalmente representaban las acciones del Grupo Petersen dentro de la petrolera; pero que ya a comienzos de ese año se habían presentado en quebranto en los tribunales de Madrid. Burford, un especialista en detectar casos judiciables por el mundo con potencial de litigio internacional, adquirió los derechos del juicio por unos u$s13 millones, en un contrato firmado por el síndico de la quiebra. En la presentación de los escritos de Burford, dejó siempre claro que la compra de la causa fue a la Justicia española, y que para 2013 ya no tenía nada que ver con la petrolera el Grupo Petersen. Este punto sería además uno de los argumentos del demandante para desestimar el reclamo de la Argentina de mudar la causa a Buenos Aires para investigar si existieron hechos ilegales en el momento en que el Grupo Petersen ingresó en la petrolera. Burford no es especialista en inversiones financieras, sino que se concentra en la alternativa de encontrar megajuicios de compañías en quiebra o empresas en bancarrota con demandas de terceros, pero que no tienen espaldas como para avanzar en juicios durante años.

En el caso de Petersen, luego de la renacionalización del 51% de YPF en mayo de 2015, quedó sin poder sostener la compra del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner, el grupo argentino se presentó en concurso en España en 2012, al no poder continuar realizando los pagos comprometidos para su ingreso en la petrolera, al prohibir el Gobierno de Cristina de Kirchner el pago de dividendos, ya con YPF nacionalizada. Esta era la forma en que Petersen había acordado con el Gobierno argentino la liquidación de su deuda original con Repsol, por lo que el cambio de planes del Gobierno de 2012 determinó su presentación en concurso y su posterior bancarrota. Unos meses después apareció Burford y su reclamo por unos u$s3.000 millones.